"Lo veíamos venir. Cuando Donald Trump declaró en septiembre pasado a Antifa como organización terrorista, tras el asesinato de Charlie Kirk, algunos se rieron. Otros nos estremecimos. Sabíamos que pronto Antifa seríamos todos. Los primeros 15 imputados bajo el memorándum de Seguridad Nacional número 7 entraron el martes 16 de junio a un juzgado de Minneapolis, la ciudad que en enero se convirtió en símbolo de la resistencia contra ICE.
Corrijo. Dos siguen en paradero desconocido. Uno ya fue imputado el 5 de febrero, pero al fiscal Daniel Rosen le venía perfecto para justificar la acusación contra los otros catorce. Siempre hay un tarado al que se le va la pinza y se presenta en las redes sociales como miembro de Antifa llamando a las armas. “Sacad vuestras putas armas y vamos a parar a esta maldita gente”, clamaba. El vídeo de Kyle Wagner, con el cuerpo tatuado, la cabeza rapada a lo Bruce Willis y un chaleco antibalas, como si no le diera miedo morir, fue la prueba estrella que el fiscal presentó en conferencia de prensa para justificar la escalada represiva. “No estamos hablando de protestas pacíficas. Sus palabras, no las mías”, repitió ufano.
La coartada no solo justifica el caso contra los otros 14 acusados de “conspirar para obstaculizar las acciones de las fuerzas del orden”. Es un aviso general. “El objetivo es sembrar el miedo”, dijo el abogado que los representa, Bruce Nestor.
Los habitantes de Minneapolis se organizaban a través de grupos de Signal para alertar al barrio de las redadas migratorias. La resistencia ciudadana de cláxones y silbatos se volvió sofisticada al establecer una base de datos con las matrículas de los coches de ICE, a los que seguían por toda la ciudad, poniendo la banda sonora a la canción que luego compondría Bruce Springsteen. “Cantando entre la niebla ensangrentada, defenderemos esta tierra y al extranjero que se encuentra entre nosotros. Recordaremos los nombres de aquellos que murieron en las calles de Minneapolis”, escribió el Boss, brújula moral de la democracia estadounidense.
Cinco meses después de que los federales matasen a tiros a Renee Good, madre de tres hijos, y al enfermero de cuidados paliativos Alex Pretti, ningún agente ha sido imputado por esos asesinatos a sangre fría, captados desde todos los ángulos. Solo se ha perseguido penalmente a los que protestaron sus muertes y formaron parte del movimiento de resistencia ciudadana. Preguntado al respecto en la misma conferencia de prensa, el fiscal Rosen se limitó a decir que las investigaciones por las muertes de Good y Pretti “están en curso y llegarán a su conclusión en el ritmo y momento adecuados”.
Seguir un coche del ICE hasta Wisconsin es uno de los delitos de “acoso interestatal” de los que se les acusa. Organizar los turnos de aviso por Signal, otro. La mayoría de los acusados está imputada únicamente por conspiración, basándose en su participación en los chats de Signal donde se coordinaban los bloqueos, y en haber participado en los bloqueos físicos del edificio Whipple entre el 23 de enero y el 1 de marzo. No hay en el sumario publicado llamadas explícitas a matar agentes, vídeos armados ni amenazas directas nominales atribuibles a ellos individualmente. El fiscal no contestó cuando se le preguntó si algún agente resultó herido como consecuencia de estas acciones.
El gobierno federal había tenido que retirar por falta de pruebas 18 de los 36 casos relacionados con supuestas agresiones a agentes durante la Operación Metro Surge y pactar el cierre de once. O sea, 29 de los 36 casos se resolvieron en favor del acusado. Ahora la fiscalía vuelve al ataque con una estrategia diferente: no necesita probar actos violentos individuales, que es donde ha fracasado, sino construir una teoría de conspiración que permita responsabilizar a todos por los actos del más extremo, que es el llamado a la violencia de Wagner. La herramienta es la acusación de conspiración: basta con demostrar que participabas en el grupo.
William Morgan e Isaac Sant siguieron por separado a agentes de ICE desde el edificio Whipple hasta Hudson (Wisconsin) cruzando la frontera estatal. Isaac Sant describió públicamente en Seattle el sistema de vigilancia del grupo: fotografiaban todos los vehículos de ICE que entraban y salían del edificio Whipple y mantenían una base de datos de matrículas actualizada en tiempo real para que los que iban camino al trabajo, “commuters”, siguieran a los coches y supieran qué vehículos había confirmados en carretera en cada momento.
Los demás actos imputados incluyen “asistir a reuniones”, “publicar en Facebook y otras redes sociales consignas sobre la resistencia a ICE”, “pegar carteles anunciando acciones directas”, “realizar evaluaciones posteriores a las acciones”, “formar bloqueos humanos” en un edificio usado para operaciones de ICE en Mineápolis, y obstaculizar vehículos de ICE con sacos de arena, escombros y vehículos para bloquear carreteras.
Delitos estos por los que les caerá todo el peso de la ley antiterrorista, como ya ocurriera en Nicaragua tras el levantamiento estudiantil de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega. El manual de los regímenes autoritarios no conoce fronteras."
(Mercedes Gallego. Nueva York C , CTXT, 19/06/26)
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