"Hoy en día, no resulta fácil creer en la democracia representativa. Al defenderla, uno corre el riesgo de sonar como aquellos comunistas de la vieja escuela que sostenían que el colapso de la Unión Soviética no se debió al fracaso del comunismo, sino a que este no se había implementado correctamente. En la actualidad, la democracia representativa se defiende de manera muy similar: se argumenta que no hay nada intrínsecamente malo en ella, sino que, sencillamente, no se está aplicando como es debido. Sin embargo, son demasiadas las cosas que han salido mal en lo que denominamos naciones «democráticas». El discurso dominante contrapone la democracia a la dictadura; no obstante, la realidad es mucho más compleja, sobre todo en lo que respecta a las libertades y derechos políticos —como el derecho de las personas a pensar, expresar y escribir lo que deseen— y al principio de la igualdad de valor de todos los seres humanos. Analizo estas dos cuestiones tomando a Suecia como ejemplo principal, estableciendo además conexiones con la Unión Europea y Estados Unidos cuando resulta pertinente.
Libertad de expresión
El debate y la discusión abiertos están desapareciendo de la esfera pública tradicional en el mundo occidental. Un país como Suecia se unió a la OTAN sin que la ciudadanía tuviera voz ni voto: no hubo debates ni referéndum. Ese mismo año, Suecia firmó también un acuerdo militar con Estados Unidos, denominado «Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa». Dicho pacto otorga a Estados Unidos acceso a 17 bases militares y el derecho a preposicionar equipamiento militar en territorio sueco. Asimismo, el personal estadounidense destinado en Suecia en virtud de este acuerdo queda, por lo general, sujeto a la legislación penal de Estados Unidos, y no a la sueca. Todo esto ocurrió sin que mediara debate público alguno.
Muchas naciones forman parte de una Unión Europea que ya no se parece a aquella por la que votaron sus ciudadanos en su momento. En 1994, el pueblo sueco votó, fundamentalmente, a favor de una UE que mejorara el comercio con otros países, de una unión aduanera y del sueño de poder viajar por Europa sin necesidad de pasaporte. No votamos para que la UE legislara sobre políticas de asilo, controlara la digitalización (lo que la UE denomina «seguridad digital») o adoptara medidas geopolíticas conjuntas; precisamente, cuestiones en las que la UE está trabajando hoy en día. Y, sobre esto, tampoco existe debate alguno. En los medios de comunicación convencionales de Suecia, se ha vuelto imposible encontrar artículos de opinión que cuestionen las narrativas predominantes sobre la guerra en Ucrania. El periodismo funciona ahora como un mecanismo para preservar el sistema existente; cualquier cuestionamiento a la narrativa dominante se descarta calificándolo de «desinformación». A escala global, los medios de comunicación convencionales están controlados por apenas una decena de conglomerados mediáticos, que ejercen su influencia mediante la selección de acontecimientos, la elección de personas presentadas como representantes de la opinión pública, la descontextualización de los hechos y el uso deliberado de determinadas palabras e imágenes. Quienes controlan los medios poseen una gran capacidad para moldear y dirigir el pensamiento de la opinión pública.
Uno de los mayores problemas para la libertad de expresión en Suecia —y una amenaza directa para la democracia— es la prevalencia de la autocensura, tanto entre la población general como, en particular, entre los periodistas. En 2024, un informe de la Universidad de Uppsala reveló que más del 50 % de los ciudadanos encuestados afirmaron no atreverse a expresar sus opiniones sobre cuestiones sociales. El ostracismo social y la estigmatización pueden ser las consecuencias de decir «lo que no se debe». Los encuestados también manifestaron temor a perder su empleo. Según los autores del informe, la situación en Estados Unidos y Alemania es similar. En un estudio previo, realizado en 2021 por la Autoridad de Compensación a las Víctimas de Delitos en colaboración con investigadores de las universidades de Lund y Halmstad, esta cifra alcanzaba el 70 %. Por otra parte, una tesis doctoral de la Universidad de Gotemburgo (2024), basada en una encuesta a 3000 periodistas suecos, indicó que aproximadamente el 39 % de ellos se había abstenido, en algún momento de los últimos tres años, de informar sobre un tema determinado; asimismo, cerca del 48 % reconoció haber adaptado su cobertura informativa ante las posibles consecuencias personales que podría acarrear el abordar ciertos asuntos.
A esto se suma que, desde hace algunos años, el Consejo de la Unión Europea ha prohibido la difusión de medios de comunicación vinculados a Rusia dentro de la UE, bajo el argumento de que propagan desinformación. Como resultado, estos medios no pueden verse, por lo general, en Suecia. Pero Suecia va aún más allá. SVT (Televisión Sueca) cuenta con una división especial llamada «SVT verifierar» que, según ellos mismos, «combina el periodismo tradicional con el análisis de imágenes, huellas digitales y fuentes abiertas para verificar la información que se difunde». En otras palabras, se trata de una especie de unidad que determina qué es «verdadero» y qué no. Y todo esto se hace en nombre de la democracia.
Sin embargo, «SVT verifierar» no interviene cuando los periodistas de los grandes medios de comunicación expresan sus opiniones personales. En el sitio web de SVT, en agosto de 2025, un periodista escribió sobre la guerra en Ucrania: «La raíz del conflicto, según Rusia, es que Ucrania existe y decide su propio futuro». Pero «SVT verifierar» no se molesta en comprobar si, por ejemplo, si Putin realmente dijo eso realmente, o si se trata simplemente de la opinión de un periodista.
Observamos cómo Bruselas intenta impulsar leyes y normativas diseñadas para controlar y censurar las plataformas de redes sociales alternativas, todo ello sin debate público alguno. Aun así, el sistema sigue siendo calificado de «democrático». La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE entró en vigor en 2024; su objetivo declarado es combatir las actividades ilegales y perjudiciales en internet, así como limitar la difusión de «desinformación». En Suecia, la Autoridad Sueca de Medios y la Agencia Sueca de Consumo son los organismos competentes encargados de garantizar el cumplimiento de dicha ley. La Autoridad Sueca de Medios «debe salvaguardar la libertad de expresión y trabajar para garantizar que se escuchen diversas voces y perspectivas en el panorama mediático». Sobre el papel, todo parece correcto. Pero uno de los problemas es, naturalmente, el concepto de «desinformación». ¿Quién tiene la potestad de definirlo? Nos enfrentamos al mismo dilema con la propuesta de creación del Centro Nacional de Defensa de la Información en el Reino Unido (previsto para 2026). No es casualidad que la DSA y esta agencia británica hayan surgido en un momento en el que existe el deseo de suprimir cualquier información que pueda cuestionar las narrativas dominantes sobre, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el genocidio cometido por Israel en Palestina y, más recientemente, la guerra de Estados Unidos contra Irán. Estas reflexiones traen a la mente tanto el «Ministerio de la Verdad» de Orwell como el documental de Humphrey Jennings *London Can Take It!* («¡Londres puede resistir!»), en el que se escucha una voz omnipotente afirmar: «Soy un reportero neutral».
No obstante, las redes sociales, tal como existen hoy, no constituyen una alternativa exenta de problemas, ya que no distinguen entre personas con conocimientos especializados en ámbitos concretos y aquellas que simplemente expresan un odio desenfrenado —fruto de la ignorancia, la falta de formación o el resentimiento social—. ¿Se puede hacer algo al respecto?
La idea de la igualdad de valor de los seres humanos
El mundo occidental califica a países como Rusia y China de «dictaduras», mientras se describe a sí mismo como un conjunto de «democracias». Sin embargo, si observamos cómo han mejorado los niveles de vida en los últimos 20 a 30 años en Rusia y China —naciones donde, por lo general, las personas no mueren por no poder costearse la atención médica (a diferencia de lo que ocurre en los «democráticos» Estados Unidos) y donde los estudiantes con talento pueden acceder a la universidad de forma gratuita (como sucede en Rusia)—, resulta difícil no reconocer que estas «dictaduras» deben haber hecho algo fundamentalmente bien. Por el contrario, en el Occidente democrático, observamos cómo se amplían las brechas entre los distintos grupos sociales, con la riqueza concentrándose en manos de unos pocos, lo cual socava la democracia.
Según un informe de 2024 del Consejo Sueco de Política Fiscal —organismo encargado de realizar una evaluación independiente de la política fiscal del gobierno—, la desigualdad en cuanto a la renta disponible de los hogares (es decir, el dinero que queda tras pagar impuestos y recibir prestaciones) ha aumentado en Suecia desde la década de 1990. Esto ocurre a pesar de que la desigualdad en los ingresos laborales (salarios brutos antes de impuestos) no ha crecido. No obstante, el hecho de que la desigualdad en los ingresos por trabajo no haya aumentado se debe, en gran medida, a que las personas con menores ingresos han incrementado su número de horas trabajadas, a medida que los sistemas de seguridad social se han vuelto menos generosos con el paso del tiempo. El patrimonio neto total (es decir, el conjunto de activos —como viviendas, automóviles, acciones, etc.— menos los pasivos) también ha crecido a un ritmo mucho más rápido que los ingresos.
Un informe publicado este año por OXFAM Suecia señala que las 46 personas más ricas del país poseen más riqueza que casi el 80 por ciento de la población. El mismo informe cita datos de UBS (Union Bank of Switzerland) y de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Según cifras de la FAO, 700 000 suecos viven sin la posibilidad de alimentarse lo suficiente o de consumir alimentos con el valor nutricional adecuado. De acuerdo con el *Global Wealth Report 2025* de UBS, Suecia ocupa el sexto lugar en la lista de países con mayor desigualdad de riqueza; a modo de comparación, Estados Unidos ocupa el séptimo puesto. Es bien sabido que la desigualdad económica conduce a la desigualdad política. Difícilmente podemos hablar de una democracia funcional cuando una parte de la población no puede alimentarse lo suficiente y cuando solo unos pocos tienen el poder de controlar de qué hablamos, quién tiene permitido expresarse y cómo definimos el mundo que nos rodea.
Cuando las personas defienden la «libertad», a menudo lo que están defendiendo —sin siquiera darse cuenta— es el poder económico que engendra injusticia. La industria armamentística se beneficia al hacer creer a la gente que está en peligro, lo que conduce a un mayor gasto en equipamiento militar a costa del bienestar público. La idea de que todos los seres humanos tienen el mismo valor se ve comprometida cuando el acceso a la educación y a la sanidad depende de los recursos económicos de cada cual.
Democracia frente a dictadura
La realidad parece sugerir que deberíamos dejar de pensar y hablar en términos de opuestos binarios al referirnos a la democracia y la dictadura. Pero esto, por supuesto, es más fácil de decir que de hacer. La idea de la democracia occidental es un mito necesario que, además, sirve para preservar el sentido de identidad de los ciudadanos. Sin embargo, lo que en un mundo ideal y utópico se presenta como opuestos teóricos, no parece serlo tanto en el mundo real. Tanto Putin como Xi Jinping fueron elegidos. Los líderes occidentales sostienen que Putin ganó porque las elecciones estuvieron amañadas; es lo que dicen de cualquier nación que rechaza la Unión Europea y el estilo de vida occidental. Xi Jinping fue elegido por los delegados del congreso, siguiendo las recomendaciones del Partido Comunista. Pero ¿son realmente independientes los dos partidos estadounidenses? Difícilmente. La industria armamentística y el establishment financiero ejercen influencia sobre las decisiones de ambos partidos, así como sobre su postura frente a un país que comete un genocidio. No pretendo afirmar que China y Rusia sean «democracias» tal como se definen en nuestra parte del mundo, pero, en realidad, no son los opuestos que percibimos. Podemos preguntarnos, con razón: ¿es preferible que el poder financiero controle la política de un país —como ocurre en muchas naciones democráticas—, o es mejor que la política de un país esté determinada por una ideología política? ¿Existe una tercera alternativa?
La alternativa
¿La alternativa? Quizás una forma de democracia más directa, como la de Suiza, donde pueden celebrarse varios referendos al año. No porque la ciudadanía siempre sepa qué es lo mejor y vote «correctamente», sino porque un referendo obliga a las personas a hablar y debatir sobre los asuntos sometidos a votación. La celebración frecuente de referendos también podría mitigar el problema de la autocensura. Por supuesto, los referendos no resuelven el modo en que el capital influye en la política y en las narrativas dominantes —por ejemplo, mediante la financiación y el cabildeo—, pero si pudiéramos empezar a debatir diversos procesos y decisiones en curso, al menos supondría un paso en la dirección correcta.
Pero no. En la democrática Suecia, ni la derecha ni la izquierda desean que se celebren referendos. No es difícil entender por qué. Los debates que desafían las narrativas dominantes —y que tal vez cuestionan los cimientos de esa identidad compartida, aunque engañosa, de la población: la idea de que somos libres y de que creemos que todas las personas tienen el mismo valor— representan una amenaza para la élite en el poder y para la forma en que se presenta la democracia misma."
(Veronica Stoehrel, Brave New Europe, 04/11/26, traducción google)
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