18.11.26

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España: En algún momento de la última década, el mundo comenzó a aceptar la guerra como inevitable, y cada vez más países se plantean si deberían adquirir un armamento nuclear para garantizar su seguridad... La guerra de Irak marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la búsqueda de la paz ha ido desapareciendo progresivamente de la agenda internacional... Al final de este camino se vislumbra otra guerra mundial... Ante este sombrío futuro, los gobiernos deben reaprender a oponerse a la guerra... No hay indicios de que esta tendencia vaya a desacelerarse... estas dinámicas multiplican las probabilidades de que cualquier crisis desemboque rápidamente en una aniquilación planetaria... La ambición de acabar con la guerra debe ir acompañada de acciones que dificulten que los países inicien, mantengan y justifiquen los conflictos armados... El fortalecimiento de las instituciones multilaterales debe ser el eje central de una campaña global para erradicar la guerra... La primera medida consiste en aumentar la representación en las Naciones Unidas... Un Consejo de Seguridad más representativo no solo sería más justo, sino también más eficaz... Un espíritu similar debería guiar el cambio estructural en las instituciones financieras internacionales, en particular en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las economías emergentes necesitan una mejor representación... Otra reforma clave implicará revitalizar el marco internacional que limita el riesgo de una escalada nuclear... corresponde a Estados Unidos y Rusia negociar un tratado que mantenga límites verificables a los despliegues nucleares estratégicos. Y China debería participar. Las potencias no nucleares deben comprometerse a no adquirir armas nucleares... La prioridad final es garantizar que el sistema de justicia internacional pueda hacer cumplir las decisiones de los tribunales. Desmantelar la Corte Penal Internacional, como algunos países intentan hacer, solo aseguraría que los crímenes más graves del mundo queden impunes... Los Estados que dan refugio a personas acusadas por la Corte Penal Internacional deben enfrentar consecuencias legales, diplomáticas y financieras. Iniciar y librar una guerra debe tener un costo real... Disuadir la guerra también exige aumentar el coste de la agresión... Los países deben negarse a ayudar a los beligerantes a expandir los conflictos existentes. España, por ejemplo, mantiene un embargo de armas contra Israel desde 2023. Este año, también negó a Estados Unidos el uso de su territorio e instalaciones para la guerra contra Irán... España tuvo que estar dispuesta a decir no, incluso cuando ello conllevaba un costo político. Si más países hubieran hecho lo mismo, las guerras en Gaza e Irán habrían sido mucho más difíciles y costosas de librar

 "La última oportunidad del mundo para la paz.

Cómo evitar una nueva guerra mundial .

En algún momento de la última década, el mundo comenzó a aceptar la guerra como inevitable. Las guerras de agresión, desde Ucrania hasta Líbano e Irán, están en aumento, trayendo consigo horror, destrucción y el espectro de una confrontación internacional más amplia. Los gobiernos tratan cada vez más la guerra como algo que deben presupuestar y para lo que deben prepararse. El gasto militar está aumentando, las carreras tecnológicas y armamentísticas se intensifican, y cada vez más países se plantean si deberían adquirir un armamento nuclear para garantizar su seguridad.

Nada es más peligroso que la normalización de la guerra. Representa un retorno a una norma que persistió durante la mayor parte de la historia de la humanidad, cuando la guerra era el principal principio organizador del sistema internacional. El conflicto armado era la vía natural para que los Estados resolvieran disputas o expandieran su territorio a expensas de vecinos más débiles.

Sin embargo, los estragos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la primera mitad del siglo XX hicieron que el statu quo resultara inaceptable. Los países se unieron en un esfuerzo por convertir la guerra, de un instrumento legítimo de la política estatal, en un acto prohibido. Las guerras no terminaron en 1945, sino que, durante años después, fueron condenadas de forma abrumadora por la comunidad internacional.

En las últimas décadas, sin embargo, el compromiso de los gobiernos con la causa de la paz se ha debilitado. Millones de personas salieron a las calles en cientos de ciudades para oponerse a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, pero la guerra prosiguió de todos modos. Librada bajo premisas falsas y en violación del derecho internacional, causó destrucción en Irak, alimentó la inestabilidad regional y avivó el resentimiento y el terrorismo dirigidos contra los países occidentales. El conflicto también marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la búsqueda de la paz ha ido desapareciendo progresivamente de la agenda internacional en medio de una creciente competencia geopolítica y la falta de atención o indiferencia hacia los esfuerzos multilaterales que durante décadas desalentaron los actos de guerra.

Al final de este camino se vislumbra otra guerra mundial: la catástrofe que el orden del siglo XX pretendía evitar. Ante este sombrío futuro, los gobiernos deben reaprender a oponerse a la guerra. Es responsabilidad de cada país, incluido el mío, España, emprender acciones directas que limiten la capacidad de otros para librar guerras y fortalecer las instituciones internacionales que servirán como garantes de la paz.

El éxito de este proyecto dependerá de un multilateralismo expansivo que denomino «maxilateralismo»: una cooperación que abarque al mayor número posible de países, en lugar de limitarse a agrupaciones pequeñas y puntuales. Su objetivo es lograr que la guerra sea cada vez más impracticable, incluso inimaginable. En 2003, manifestantes de toda España corearon «¡ No a la guerra!». El mundo no puede permitirse ignorarlos de nuevo.

Una escalada peligrosa

Los esfuerzos internacionales por rechazar la guerra como instrumento de política nacional se remontan al Pacto Kellogg-Briand de 1928, un tratado firmado en París por 15 países y al que se unieron decenas más posteriormente. Si bien no fue suficiente para evitar la Segunda Guerra Mundial, sembró la semilla. Cuando representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en 1945 para crear las Naciones Unidas , revivieron el espíritu y los principios del Pacto Kellogg-Briand y les dieron lo que les faltaba: una forma institucional. La Carta de las Naciones Unidas prohibió la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Y, a diferencia de su predecesor de 1928, respaldó la prohibición con instituciones facultadas para hacerla cumplir.

En las décadas siguientes, estas instituciones establecieron un orden que penalizaba las violaciones y fomentaba la diplomacia y la cooperación. Al mismo tiempo, la oposición pública a la guerra se fortalecía en todo el mundo. El rechazo popular al militarismo de la Guerra Fría se manifestó en la resistencia mundial a la Guerra de Vietnam y en los movimientos de masas contra las armas nucleares. El pacifismo alcanzó su punto álgido en la década de 1990, cuando una vibrante sociedad civil global se movilizó para defender causas humanitarias y cuando las Naciones Unidas contaban con la autoridad suficiente para impulsar una ambiciosa agenda de paz.

Hoy en día, sin embargo, hay más conflictos armados que en ningún otro momento desde 1946. Según el Programa de Datos de Conflictos de Uppsala, en 2025 había 65 conflictos activos entre gobiernos, el doble que en 2010. Se estima que 250 000 personas murieron en esos conflictos, la cifra anual de muertos más alta en 30 años, desde el genocidio de Ruanda. Cerca de 120 millones de personas en todo el mundo han sido desplazadas forzosamente por la guerra.

Resulta preocupante que las guerras de agresión —que violan la Carta de las Naciones Unidas— hayan regresado. Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Y a medida que los combates continúan año tras año en lugares como Líbano, Sudán y Yemen, queda claro que la guerra se está aceptando como algo normal.

No hay indicios de que esta tendencia vaya a desacelerarse. Los presupuestos militares se han disparado a niveles no vistos en generaciones, a expensas del gasto social y en desarrollo. Tan solo en la última década, el gasto mundial en defensa ha aumentado en más del 40%, y muchos países han duplicado sus presupuestos militares. Los casi 3 billones de dólares que el mundo gasta anualmente en defensa se aproximan al PIB de todo el continente africano. Incluso países con una larga tradición de contención militar, como Dinamarca, Alemania, Japón y Noruega, se están rearmando rápidamente. Algunos están reactivando los programas de servicio militar.

La renovada amenaza de una guerra nuclear genera un temor aún mayor. Los nueve estados con armas nucleares están modernizando sus arsenales, aumentando su capacidad destructiva. Se estima que el arsenal nuclear de China pasó de entre 200 y 300 ojivas a finales de la década de 2010 a 620 este año. Corea del Norte también ha ampliado su arsenal, pasando de entre diez y veinte ojivas en 2018 a unas 60 este año, y ha desarrollado plataformas de lanzamiento cada vez más sofisticadas. En marzo, Francia anunció el primer aumento de su reserva de ojivas nucleares desde 1992. Estados Unidos y Rusia, las dos mayores potencias nucleares del mundo, no han logrado preservar el último tratado vigente que limita sus arsenales estratégicos. Y un número creciente de potencias no nucleares ha comenzado a considerar la adquisición de sus propios arsenales.

Simultáneamente, la inteligencia artificial impulsa armas de guerra cada vez más peligrosas. La supervisión humana se reduce progresivamente a medida que la IA posibilita la automatización de ciberataques contra redes eléctricas, hospitales y sistemas financieros. Los sistemas de IA han pirateado organismos gubernamentales y han permitido la producción masiva de deepfakes y campañas de desinformación.

La integración de la IA en las tecnologías nucleares supone una amenaza existencial: al acelerar la toma de decisiones, reduce el tiempo disponible para el juicio humano. Del mismo modo, el uso de la IA en biotecnología podría reducir drásticamente las barreras para la experimentación dañina y el desarrollo de armas biológicas. En ambos ámbitos, esta tecnología está elevando el riesgo de errores de cálculo, escaladas no intencionadas y destrucción masiva a un nivel sin precedentes.

En conjunto, estas dinámicas multiplican las probabilidades de que cualquier crisis desemboque rápidamente en una aniquilación planetaria. Los países construyen instrumentos de catástrofe a la vertiginosa velocidad de la innovación, mientras que los instrumentos de control avanzan al ritmo mucho más lento de la diplomacia.

La guerra no es la respuesta

El cambio político está alejando al mundo de la paz y acercándolo a la confrontación y la militarización. Un mundo multipolar no es, por definición, más peligroso, pero la erosión de las normas e instituciones que gestionan las tensiones entre los polos ha hecho que el mundo actual sea particularmente volátil. La competencia entre las grandes potencias se intensifica, con ambiciones hegemónicas que fomentan políticas exteriores agresivas y estados revisionistas que desafían las normas y fronteras establecidas. El nacionalismo beligerante está en auge, y los movimientos de extrema derecha promueven una visión del mundo en la que las relaciones internacionales son un juego de suma cero y los países deben competir en lugar de cooperar. Incluso los líderes centristas adoptan un discurso de preparación para la guerra. Si bien no pretenden iniciar una guerra, sus palabras alimentan una peligrosa mentalidad militarista.

En este contexto de rivalidad, las guerras de agresión se presentan envueltas en discursos de necesidad, liberación, autodefensa o justicia histórica. Los atacantes presentan sus operaciones como inevitables, tras haber demonizado a sus objetivos para justificar la acción preventiva. Describen cada guerra como una respuesta a la inseguridad: una guerra para acabar con todas las guerras.

Pero estas guerras no harán del mundo un lugar más seguro. Cada vez que un Estado emprende una guerra de agresión, socava las normas que protegen a todos los países del uso arbitrario de la fuerza, incluido el propio agresor.

Las guerras tienen un costo inmenso. Destrozan sociedades e interrumpen vidas. En 2025, al menos un civil murió en un conflicto armado cada 14 minutos, según registros de la ONU, y más de cinco millones de personas se vieron obligadas a huir de sus países. Los costos económicos también son elevados; la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha perturbado gravemente el comercio marítimo y el tráfico aéreo, disparando los precios de la energía, los fertilizantes y otras materias primas, y millones de personas en todo el mundo sufren las consecuencias.

La guerra también genera nuevos peligros. Una vez que comienzan los combates, su curso es impredecible. El conflicto tiende a involucrar a nuevos actores y a extenderse a los países vecinos. La guerra en Irán sirve, una vez más, como claro ejemplo. Desde febrero de 2026, Irán ha atacado objetivos en varios países del Golfo y otros países vecinos, acciones que España ha condenado sistemáticamente. Los ataques contra buques civiles y comerciales amenazan la estabilidad regional en general. Además, la guerra ha reavivado conflictos en Irak, Líbano y Yemen.

Finalmente, las guerras rara vez generan una paz duradera. Por el contrario, profundizan los resentimientos y afianzan las divisiones, alimentando así la violencia futura. La guerra de Rusia en Ucrania , por ejemplo, ha destruido la confianza en Moscú. El genocidio en Gaza ha exacerbado la ira contra Israel, lo que podría desencadenar nuevas oleadas de terrorismo. Y la guerra contra Irán ha desestabilizado aún más Oriente Medio, dificultando la cooperación en la región.

Cómo oponerse a la guerra

El mundo tiene la responsabilidad de resistir la normalización de las guerras. Guardar silencio es un acto de cobardía y complicidad. La sociedad española deja clara su postura: tres de cada cuatro españoles identifican la guerra como su mayor temor, y un número aún mayor cree que se avecina otra guerra mundial.

Pero no basta con condenar la guerra en principio. La ambición de acabar con la guerra debe ir acompañada de acciones que dificulten cada vez más que los países inicien, mantengan y justifiquen los conflictos armados.

España se ha esforzado por tomar tales medidas. Ha defendido el derecho internacional que distingue entre un orden regido por normas y otro regido por la fuerza. España ha denunciado sistemáticamente los ataques armados que violan la Carta de las Naciones Unidas.

Desde el primer día de la guerra en Gaza, España ha exigido un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de todos los rehenes y la entrega sin restricciones de ayuda humanitaria. En mayo de 2024, España reconoció el Estado de Palestina con la esperanza de que este paso contribuyera a una solución negociada y duradera del conflicto. Asimismo, España ha apoyado activamente los esfuerzos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional para que los líderes israelíes rindan cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario. Israel tenía derecho a la legítima defensa tras los atentados terroristas del 7 de octubre, pero ese derecho no justifica el genocidio en Gaza ni la expansión de la ocupación ilegal israelí de Cisjordania.

Disuadir la guerra también exige aumentar el coste de la agresión. El resto del mundo debe garantizar que quienes decidan declarar la guerra no puedan hacerlo impunemente. Durante la guerra de Rusia en Ucrania, por ejemplo, la Unión Europea impuso una serie de sanciones a Rusia, que España apoyó sistemáticamente. España también proporcionó asistencia financiera, humanitaria y militar a Ucrania, ayudándola a defender su territorio y a impedir que Rusia se beneficiara de la guerra.

Los países deben negarse a ayudar a los beligerantes a expandir los conflictos existentes. España, por ejemplo, mantiene un embargo de armas contra Israel desde 2023. Este año, también negó a Estados Unidos el uso de su territorio e instalaciones para la guerra contra Irán. La decisión de España no fue un acto de hostilidad hacia un aliado, ni una expresión de neutralidad o simpatía por el régimen iraní. Fue, más bien, la convicción de que involucrarse permitiría una escalada del conflicto, profundizando la inseguridad regional y global. Para mantener su compromiso con la paz, España tuvo que estar dispuesta a decir no, incluso cuando ello conllevaba un costo político. Si más países hubieran hecho lo mismo, las guerras en Gaza e Irán habrían sido mucho más difíciles y costosas de librar.

Invertir en prosperidad también es esencial. La seguridad se fortalece cuando las sociedades son resilientes, se reducen las desigualdades y los ciudadanos pueden confiar en las instituciones públicas. La decisión de España el año pasado de no adherirse al objetivo de gasto en defensa propuesto por la OTAN del cinco por ciento del PIB reflejó esta convicción. Esta postura no se debió a una falta de compromiso con la defensa europea; de hecho, mi gobierno ha impulsado la autonomía estratégica de Europa y ha triplicado el gasto neto en defensa durante los ocho años que llevo en el cargo. Pero la disuasión militar y el bienestar social deben reforzarse mutuamente. Al mantener el gasto en defensa proporcional, España ha conservado el margen fiscal para invertir 145.000 millones de euros adicionales en protección social, vivienda, sanidad y educación, así como más de 30.000 millones de euros en la transición verde: programas que hacen que la sociedad sea más cohesionada y adaptable y, por lo tanto, más segura.

Un esfuerzo colectivo

Sin embargo, los esfuerzos de un solo país tienen un alcance limitado. Para privar a la guerra de sus recursos vitales se requiere la colaboración de todos, un esfuerzo colectivo basado en un multilateralismo genuino. Esta es la única estrategia que ha funcionado hasta ahora. El sistema multilateral, construido tras la Segunda Guerra Mundial, abarcó todo el planeta y contribuyó a mantener la paz entre las grandes potencias y a prevenir una tercera guerra mundial.

Reforzarlo no será tarea fácil. La competencia geopolítica y la desconfianza generalizada han debilitado a las Naciones Unidas, los organismos financieros internacionales, las organizaciones regionales y otras instituciones multilaterales. Muchos países las perciben como ineficaces y atrapadas en una crisis perpetua, por lo que han recurrido a marcos alternativos para intentar poner fin a las guerras.

Algunos han intentado enfoques unilaterales, buscando acuerdos transaccionales que terminan beneficiando a las élites económicas y políticas, dejando de lado a las poblaciones afectadas por el conflicto. Los altos el fuego o los acuerdos de paz que logran pueden ser preferibles a la continuación de la guerra, pero cualquier paz impuesta mediante la política de poder en lugar del derecho se asienta sobre bases inestables.

Otros países, frustrados con el multilateralismo, han intentado reclutar coaliciones de países dispuestos a cooperar, u otros grupos «minilaterales», para brindar garantías de seguridad o alcanzar acuerdos puntuales en materia de comercio y tecnología. Este enfoque podría ser una solución temporal a la parálisis de las instituciones tradicionales, pero su exclusividad fragmenta aún más un orden internacional ya dividido. Lo que se necesita no es minilateralismo, sino maxilateralismo. La cooperación internacional es poderosa cuando es, o aspira a ser, universal. Además, dejar a parte del mundo fuera de los esfuerzos multilaterales es una receta para la confrontación en el futuro.

El sistema del siglo XX no era perfecto. La aplicación de sus reglas fue desigual, sus estándares se respetaron de forma inconsistente y sus procedimientos resultaron exasperantemente lentos. Pero es innegable que el mundo sería mucho más peligroso sin él. Por citar solo un ejemplo, fue un conjunto de tratados internacionales —entre ellos el Tratado de No Proliferación Nuclear, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares— lo que puso fin a una costosa carrera armamentística que estaba llevando al mundo al borde de la guerra nuclear.

Toda esta estructura institucional se está desmoronando. Sin embargo, sin ella, el mundo no puede aspirar a preservar la paz.

Mandato de reforma

El fortalecimiento de las instituciones multilaterales debe ser el eje central de una campaña global para erradicar la guerra. Esto requerirá una reforma sustancial para restaurar la legitimidad de dichas instituciones y su capacidad de actuación, priorizando las medidas que más contribuyan a la paz y la seguridad.

La primera medida consiste en aumentar la representación en las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods . Una actualización de la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU es particularmente importante, dada la responsabilidad primordial de este organismo en el mantenimiento de la paz internacional. Un Consejo de Seguridad que otorga escaños permanentes y derecho de veto únicamente a los cinco vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que en conjunto representan apenas una cuarta parte de la población mundial, no refleja la realidad actual. Debería ampliarse la composición electa del Consejo y extenderse el mandato de sus miembros más allá de los dos años actuales. Los nuevos escaños deberían asignarse principalmente a países de regiones subrepresentadas, en particular África y América Latina. Organizaciones regionales como la Unión Europea y la Unión Africana también deberían estar representadas en el Consejo, pudiendo ocupar los escaños que actualmente ostentan los Estados. Un Consejo de Seguridad más representativo no solo sería más justo, sino también más eficaz. Los países son más propensos a defender y hacer cumplir las normas internacionales cuando se consideran sus autores.

El derecho de veto de los miembros permanentes también debe limitarse estrictamente, sobre todo cuando el Consejo de Seguridad examina casos de atrocidades masivas, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En última instancia, el veto debería abolirse por completo. Solo así el Consejo podrá responder a todos los actos de agresión sin verse paralizado por las objeciones de un solo Estado.

Un espíritu similar debería guiar el cambio estructural en las instituciones financieras internacionales, en particular en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La distribución del poder de voto en ambas aún refleja los equilibrios económicos del siglo XX, y por convención, un europeo siempre dirige el FMI y un estadounidense el Banco Mundial. Esto debe terminar. Las economías emergentes necesitan una mejor representación, y los puestos de liderazgo deberían estar abiertos a todos los candidatos, independientemente de su nacionalidad. Las responsabilidades dentro de instituciones como la Organización Mundial del Comercio también deberían evolucionar a medida que el crecimiento económico impulsa a países que antes se consideraban en desarrollo hacia el grupo de los países ricos. Una gobernanza económica más justa mitigaría la desigualdad y el resentimiento que con tanta frecuencia alimentan la inestabilidad y el conflicto.

Otra reforma clave implicará revitalizar el marco internacional que limita el riesgo de una escalada nuclear. Parte de este trabajo depende de las potencias nucleares; corresponde a Estados Unidos y Rusia , por ejemplo, negociar un tratado que reemplace al tratado bilateral Nuevo START y que mantenga límites verificables a los despliegues nucleares estratégicos. Y esta vez, China debería participar en las conversaciones.

Sin embargo, este esfuerzo integral requiere la participación de todos los países. Sus prioridades deben incluir la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares para evitar la reanudación de las pruebas nucleares y el avance de las negociaciones sobre un Tratado de Prohibición de la Producción de Material Fisionable, que prohibiría la producción de uranio altamente enriquecido y plutonio para armas nucleares. Todos los países también deben colaborar para regular el uso de la IA en el ámbito militar, especialmente en lo que respecta a las armas nucleares, para preservar el control humano sobre las decisiones de lanzamiento y reducir el riesgo de errores catastróficos. Las potencias no nucleares deben comprometerse a no adquirir armas nucleares y deben utilizar todos los medios a su alcance para alentar a las potencias nucleares a reducir sus arsenales, fortalecer los mecanismos de verificación y restablecer las salvaguardias diplomáticas que durante décadas han contribuido a prevenir una catástrofe nuclear.

La tecnología puede contribuir a solucionar algunos de estos problemas. Los avances en imágenes satelitales, sensores remotos y análisis de datos pueden aumentar la transparencia y facilitar la observación del cumplimiento de los acuerdos de control de armas. Sin embargo, es necesario hacer más para evitar situaciones que puedan derivar en una guerra. Si los Estados con armas nucleares acuerdan reducir su nivel de preparación operativa y fortalecer la comunicación en situaciones de crisis, esto puede ayudar a garantizar que los gobiernos dispongan del tiempo y los medios necesarios para desactivar situaciones peligrosas. Cada país debe proteger sus sistemas de mando y control de los ciberataques y la manipulación de la información mediante inteligencia artificial, para que una falsa alarma o un error de cálculo nunca desemboquen en una guerra nuclear.

La prioridad final es garantizar que el sistema de justicia internacional pueda hacer cumplir las decisiones de los tribunales. Desmantelar la Corte Penal Internacional, como algunos países intentan hacer, solo aseguraría que los crímenes más graves del mundo queden impunes. La CPI no solo debe enjuiciar casos de genocidio, agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sino también tener la autoridad para llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes. Cuando un Estado se adhiere al Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, acepta someterse a la jurisdicción de la corte. Sin embargo, si ese Estado se niega a cooperar o a entregar a un sospechoso, no hay un castigo real, solo una censura humillante. Esto debe cambiar. Los Estados que dan refugio a personas acusadas por la CPI deben enfrentar consecuencias legales, diplomáticas y financieras. Iniciar y librar una guerra debe tener un costo real.

Las propuestas para reformar las instituciones internacionales han tenido dificultades para prosperar, pero la próxima elección de un nuevo secretario general de la ONU ofrece una oportunidad única para impulsar estos esfuerzos. Si la ONU nombrara a su primera líder femenina, sería un poderoso símbolo de renovación, inclusión y adaptación institucional. La organización no puede afirmar con certeza que habla en nombre de toda la humanidad hasta que una mujer la dirija. Alcanzar este hito podría despertar una nueva ambición e infundir mayor confianza en la capacidad de las instituciones internacionales para reformarse y recuperar su papel en la contención de la guerra.

Hacer que la guerra sea inimaginable

Detener la marcha del mundo hacia la guerra requerirá el compromiso más amplio posible. Todos los países, grandes y pequeños, deben negarse a mirar hacia otro lado o a participar en acciones que intensifiquen el conflicto. Deben respetar las normas internacionales que limitan la guerra hoy y reformar y fortalecer las instituciones que la harán imposible mañana.

En definitiva, lo que hará inimaginable la guerra es una agenda de paz positiva que aborde las causas profundas de la inseguridad. Cada paso hacia la erradicación de la pobreza, la ampliación del acceso a una educación de calidad, el avance de la igualdad de género, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el aumento de la resiliencia ante los desastres también contribuye a mitigar las condiciones que generan violencia.

Las instituciones financieras internacionales deben poder proporcionar financiación de forma rápida, a gran escala y a un coste razonable, para que ningún país en desarrollo se vea obligado a elegir entre pagar su deuda e invertir en su población. Los bancos multilaterales de desarrollo deben poder movilizar fondos para las transiciones verde y digital, para que la migración climática y la competencia por los recursos no se conviertan en factores de conflicto interestatal. Y el Acuerdo sobre Pandemias de la Organización Mundial de la Salud debe finalizarse y entrar en vigor para garantizar que todos los países tengan acceso a vacunas y tratamientos cuando se produzca la próxima emergencia sanitaria mundial.

Por ello, España ha buscado situar el desarrollo en el centro de su política exterior. El gobierno español ha impulsado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, y el año pasado Sevilla acogió la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, donde los delegados se comprometieron a aliviar la carga de la deuda de los países vulnerables y a movilizar inversiones para el desarrollo sostenible. España también ha promovido iniciativas como el Centro Global de Canjes de Deuda por Desarrollo, lanzado con el Banco Mundial; la Alianza Multilateral de la Cláusula de Suspensión de la Deuda, que permite a los países vulnerables suspender los pagos de la deuda tras desastres; y su propio mecanismo para proporcionar hasta 60 millones de euros anuales en alivio de la deuda a países en desarrollo. Además, España ha respaldado iniciativas de financiación climática, salud global, igualdad de género, seguridad alimentaria y protección social en colaboración con instituciones multilaterales y organizaciones internacionales. Estas políticas de desarrollo son, a su vez, políticas de consolidación de la paz.

Un proyecto más ambicioso para movilizar al mundo en torno a las normas jurídicas y un multilateralismo genuino puede parecer irrealizable. Pero hemos visto las consecuencias de la normalización de la guerra que arrastra a la humanidad al infierno. Los hombres y mujeres que emergieron de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, el capítulo más oscuro de la historia de la humanidad, encontraron la manera de construir un orden mundial multilateral. La pregunta que se plantea a nuestra generación es si preservaremos el estado de derecho o si permitiremos el retorno al dominio por la fuerza. Si construiremos el mundo del mañana mediante la previsión y la cooperación, o a través del caos y el dolor de otra guerra mundial. Debemos elegir con sabiduría mientras la decisión aún está en nuestras manos."

 (Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, Other News, 17/11/26) 

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