"El FBI protegió al presidente nigeriano de un delito de tráfico de drogas.
A puerta cerrada, el FBI busca justificar la retención de información sobre el presidente nigeriano, Bola Tinubu, en un proceso judicial ante un tribunal federal en Washington. La solicitud consta en una moción de cuatro páginas presentada el jueves, en el pleito entre Aaron Greenspan y la fiscalía de Estados Unidos y otras instituciones estadounidenses.
El caso de Tinubu no resiste la comparación con el de Maduro. El primero es un narcotraficante protegido por el FBI; con el segundo el narcotráfico es un montaje policial. El FBI esconde a los culpable y persigue a los inocentes. Por eso tiene mucho que esconder.
El pleito se refiere a solicitudes realizadas en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), que regula el acceso a los documentos en poder de los organismos públicos. Dos solicitudes están directamente involucradas: una se refiere a la totalidad del expediente del FBI sobre Tinubu, y la otra a las transcripciones de las entrevistas que el FBI le realizó entre 1992 y 1993.
El FBI pretende proporcionar dos declaraciones confidenciales a la jueza federal Beryl Howell, bajo secreto de sumario y sin la presencia de las demás partes (*). La central de policía invoca varias exenciones de la Ley de Libertad de Información (FOIA), incluidas aquellas que protegen ciertas fuentes, métodos de investigación e información que podría poner en riesgo la seguridad de una persona.
El FBI argumenta que la divulgación de parte de la información retenida podría revelar técnicas y procedimientos de investigación y podría razonablemente poner en peligro la vida o la integridad física de una persona. La policía también sostiene que no puede divulgar públicamente todos los motivos para retener la información.
La disputa sobre los archivos surge de una investigación estadounidense sobre una red de tráfico de heroína en Chicago. Los documentos solicitados se refieren a investigaciones realizadas a principios de la década de los noventa y a un procedimiento de confiscación de fondos vinculados a Tinubu.
En 1993, un tribunal de Illinois ordenó la confiscación de 460.000 dólares depositados en una cuenta a nombre de Bola Tinubu. Documentos judiciales de la época vinculan esos fondos con una investigación estadounidense sobre una red de tráfico de heroína en Chicago. Sin embargo, el procedimiento fue un caso civil de confiscación y no constituyó una condena penal de Tinubu por narcotráfico.
La solicitud actual surge tras un fallo emitido en abril del año pasado por la jueza Howell que ordenaba al FBI y a la DEA que procesaran y divulgaran los documentos no amparados por una excepción a la Ley de Libertad de Información (FOIA). Asimismo, dictaminó que su anterior negativa a confirmar o negar la existencia de ciertos archivos ya no estaba justificada en las mismas circunstancias.
El 19 de agosto, Tinubu se sumó a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener una prórroga del proceso. El juez Howell finalmente fijó el viernes como fecha límite.
La última solicitud del FBI muestra su deseo de mantener confidenciales ciertas justificaciones respecto a los documentos retenidos. Este deseo de preservar cierta información mediante una revisión judicial privada es lo que ahora genera interrogantes sobre el manejo de los archivos del caso anterior."
(mpr21, 23/08/26)
"(...) Registros vinculados a la investigación de la década de 1990
Las solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) forman parte de una larga batalla legal sobre la divulgación de registros del gobierno estadounidense relacionados con las investigaciones que involucran a Tinubu.
SaharaReporters informó el 18 de agosto que Tinubu se había sumado formalmente a la solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. de una prórroga de 10 días para responder a la moción de sentencia sumaria en el caso.
En una notificación presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los abogados de Tinubu declararon:
“El interviniente se une a la moción de los demandados para una prórroga de 10 días para presentar la respuesta a la moción de sentencia sumaria (DE 92), en la medida en que el interviniente solicita que las respuestas mantengan el mismo calendario”.
Según el informe, el juez Howell denegó posteriormente la solicitud de prórroga, autorizando una prórroga menor.
El caso lleva pendiente más de tres años e implica solicitudes de acceso a registros en poder de agencias del gobierno estadounidense relacionados con Tinubu.
Los registros han suscitado especial interés debido a su conexión con una investigación estadounidense de la década de 1990 sobre una red de tráfico de heroína con sede en Chicago y la confiscación de 460.000 dólares depositados en una cuenta a nombre de Tinubu.
Según documentos judiciales y declaraciones juradas de los Estados Unidos.
Según informes previamente publicados por SaharaReporters, el gobierno estadounidense investigó una red de narcotráfico operada por Adegboyega Mueez Akande y Abiodun Agbele, figuras del narcotráfico con sede en Chicago, que traficaba heroína en Illinois entre 1988 y 1991.
El agente especial del IRS, Kevin Moss, determinó que los fondos generados por la operación de narcotráfico se depositaban en varias cuentas bancarias estadounidenses abiertas y controladas por Tinubu.
En enero de 1992, las autoridades estadounidenses obtuvieron una orden judicial que congelaba más de 1,4 millones de dólares en cuentas vinculadas a Tinubu.
En octubre de 1993, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois ordenó la confiscación de 460.000 dólares depositados en una cuenta a nombre de Tinubu.
La orden judicial indicaba que los fondos provenían del narcotráfico o estaban involucrados en transacciones financieras que violaban las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Tinubu ha negado sistemáticamente haber cometido delito alguno y ha rechazado las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico.
Sus abogados han sostenido que el caso se trata de un procedimiento civil de confiscación in rem, lo que significa que la acción se interpuso contra el dinero y no contra Tinubu personalmente.
También han argumentado que Tinubu nunca fue arrestado, acusado, procesado ni condenado penalmente por un delito de drogas en Estados Unidos.
La última presentación del FBI no establece por sí misma que Tinubu haya cometido un delito de narcotráfico. Se refiere a la solicitud de la agencia de proporcionar al tribunal, de forma privada, una justificación adicional para retener ciertos registros en virtud de las exenciones de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Sin embargo, este hecho plantea nuevas preguntas sobre qué información considera el gobierno estadounidense suficientemente sensible como para justificar una revisión judicial confidencial en un caso que involucra registros sobre el presidente nigeriano.
La solicitud fue publicada en X por Von Batten-Montague-York, una firma de cabildeo con sede en Washington contratada por el exvicepresidente nigeriano y candidato presidencial del Congreso Democrático Africano (ADC), Atiku Abubakar, de cara a las elecciones presidenciales nigerianas de 2027.
El caso surge en medio de un renovado escrutinio político del pasado de Tinubu, a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027. Tinubu busca la reelección y el exvicepresidente Atiku se encuentra entre los posibles rivales."
(Sahara Reporters, 21/08/26, traducción google)
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