"Detenidos por las pintas: decenas de menores en comisaría en Italia con el nuevo arresto preventivo en manifestaciones
La policía aplica a adolescentes lo que la oposición ya llama “delito de sudadera negra”, una polémica medida de Meloni que permite detener antes de una protesta a quien sea sospechoso de participar luego en disturbios
En Italia ya no son ficción las unidades de precrimen, como en la película de Steven Spielberg, Minority Report, en la que el personaje de Tom Cruise veía el futuro y podía actuar antes de que se cometiera un delito. Se trata de arrestos preventivos por lo que la oposición ya llama “delito de sudadera negra”, la prenda más habitual entre los jóvenes que en las últimas semanas han salido a manifestarse en todo el país contra los bajos salarios, el precio de la vivienda y a favor de la paz, la sanidad y la educación públicas. Ya se aplicaba a adultos, pero el último decreto de seguridad de Giorgia Meloni, el octavo, lo ha ampliado a los menores: permite llevar a comisaría antes de una manifestación a quien se considere sospechoso de crear luego altercados en la protesta. El resultado es que el primer día que se puso en práctica, el 24 de octubre, llevó a comisaría a 110 menores en solo 24 horas, aunque según ONG luego ha habido decenas más. Chicos y chicas que han permanecido detenidos durante horas sin haber hecho nada y sin poder llamar a sus padres.
Esto es posible en Italia por esa polémica nueva norma de la líder ultraderechista, que permite a la policía retener de 12 a 24 horas a quien crea que luego puede protagonizar disturbios. En teoría, porque al ser registradas lleven objetos peligrosos, e incluso máscaras o pasamontañas. En la práctica, sin embargo, según denuncia la oposición y las ONG, se ha estado aplicando de forma indiscriminada a decenas de adolescentes, detenidos cuando iban a manifestarse únicamente por su aspecto. Solo porque en los disturbios de Milán del 17 y 18 de octubre, en emulación de los que se registraban en Francia, los grupos de jóvenes que causaron destrozos y saquearon tiendas en el centro de la ciudad iban todos de negro y con sudaderas de ese color.
El Gobierno aprobó el nuevo decreto el 20 de octubre, a los dos días de los altercados de Milán, donde el 80% de los 271 detenidos eran menores, temiendo que se repitieran el fin de semana siguiente. Meloni reaccionó rápido ante la alarma que crearon los disturbios, también entre críticas a la escasa presencia policial del propio alcalde de la ciudad. El Ejecutivo quiso responder con mano dura a un fenómeno imprevisible, pues no se sabía bien de dónde salían estos jóvenes, no estaban organizados, acudieron convocados por redes sociales y no tenían ninguna ideología. Aunque fueron 2.000 personas llegadas desde el extrarradio de Milán en un contexto muy concreto, el de una ciudad con graves desigualdades sociales, ha permitido justificar medidas duras contra los miles de jóvenes que se manifiestan de forma pacífica en toda Italia.
El sábado 24 de octubre se temían nuevos incidentes, que finalmente no se produjeron, o fueron reducidos, pero la nueva norma se aplicó con contundencia. Ese día, con grandes manifestaciones en todo el país, la policía identificó a 4.292 personas, sobre todo en Roma, Milán, Turín y Bolonia. Fueron llevadas a comisaría 371 con arresto preventivo y 110 de ellas, una de cada tres, eran menores, según los datos del Ministerio del Interior. La organización Hub for Defenders, promovida por Amnistía Internacional y otras ONG, tiene un teléfono para pedir asistencia legal e informó de que ese día recibió decenas de llamadas.
La prensa ha publicado varios testimonios, como el de Carolina Di Giacomo, de 18 años y vecina de Roma, que ha contado en el diario La Repubblica cómo fue abordada por agentes en la salida de la parada de metro Flaminio, en el centro de la ciudad, cuando iba a manifestarse con cuatro amigos. Esa tarde había una marcha autorizada, aunque también se habían sucedido llamamientos en redes a protestas no permitidas, sin especificar el lugar exacto. “Nos pidieron la documentación y nos tuvieron 40 minutos esperando. Nos grabaron con una cámara. Luego, cuando pensábamos que ya nos dejaban ir, nos quitaron los teléfonos, nos metieron en dos furgonetas y a tres de nosotros nos llevaron a comisaría”, ha relatado.
Di Giacomo asegura que encima solo llevaba el móvil y un paquete de chicles. Solo después de unas horas e insistir varias veces le permitieron avisar a sus padres con el único mensaje que le permitieron enviar: “Todo OK”. Afirma que ante sus quejas el comisario les amenazó con tenerles allí hasta las tres y media de la mañana. Salieron de allí ya de noche: “Nos dijeron estas palabras exactas: ‘Ahora volved a casa y no vayáis más a manifestaros porque ya os hemos fichado’. Pero manifestarme es un derecho, no me lo pueden quitar”, concluía ella.
“Un golpe a los derechos de la persona”
La oposición se apoyó en este testimonio para pedir explicaciones al Gobierno en el Parlamento. No fue precisamente la extrema izquierda, sino Italia Viva (IV), el partido de centro del exprimer ministro Matteo Renzi. “¿Se puede decir que lo que le ha pasado a Carolina no puede suceder en un país civilizado? Y al decirlo no defiendo a todos los manifestantes ni justifico a quien tenía cócteles molotov en la mochila”, acusó el exdirigente. “Si un chico va a una manifestación no hay ningún motivo en el mundo para arrestarlo sin una razón”.
La Unión de Cámaras Penales Italianas, organismo en el que están inscritos 10.000 abogados penalistas, también criticó el nuevo decreto como “un nuevo golpe a las garantías y a los derechos de la persona y a los principios constitucionales de proporcionalidad y determinación” del delito, declaró Francesco Petrelli, presidente de la institución.
En algunos casos, según ha denunciado Hub for Defenders, se tomó la huella dactilar a menores, una práctica que solo está permitida ante indicios de delito. En otros casos, el motivo de sospecha no parecía ser el color de la sudadera, sino el de la piel. La plataforma ha señalado que una de las personas que asistieron fue un estudiante británico-polaco que estaba en Milán por turismo y para ver un partido. Iba con dos amigos, fueron identificados por la policía y solo se lo llevaron a él a comisaría, el único de los tres que no era blanco. Estuvo 23 horas en una celda con 37 personas sin intérprete y sin ninguna explicación del arresto.
La derecha italiana ha vinculado desde el principio los altercados de Milán a la inmigración y los llamados italianos de segunda generación, nacidos en Italia de padres extranjeros. La propia Meloni, el día que anunció el nuevo decreto, subrayó que de los 330 detenidos en Milán y otras ciudades el 17 y 18 de octubre, la mitad era “de origen extranjero, nacidos en el extranjero o nacidos en Italia de familias extranjeras”.
Estas semanas han ido surgiendo más testimonios. También de padres, porque muchos se han asustado por la actuación policial. En los colegios de Roma circuló a los tres días, el martes 26 de octubre, un comunicado de un grupo de padres del instituto Pilo Albertelli, en pleno centro de Roma, que ya ha sido firmado por más de 2.100 personas. Estaban alarmados porque la policía había arrestado a sus hijos el sábado, simplemente mientras charlaban delante de la puerta del instituto antes de la manifestación autorizada, que discurría al lado del centro. “El único objetivo de este comportamiento parece ser el de intimidar y criminalizar toda una generación y lanzar un mensaje inconstitucional: volved a casa, no protestéis, estamos contra vosotros y os podemos hacer daño”, señala la carta.
Jones Mannino, padre de uno de los chicos detenidos, entrevistado en el diario Il Manifesto, contó que su hijo fue detenido con cuatro amigos. Tres del grupo eran menores y estuvieron tres horas en comisaría. “Dijeron que fue porque eran cinco, y porque uno tenía una kufiya [el pañuelo palestino] y otro una braga de cuello, que potencialmente son dos cosas que podían ser usadas para cubrir el rostro, pero no había ningún motivo para llevarlos a comisaría”, relató. El hecho de que fueran cinco personas se debe a otro punto polémico del último decreto, que permite intervenir a la policía ante grupos iguales o superiores a ese número en lugares públicos que tengan “comportamientos intimidatorios”. “Es absurdo pensar que estar delante del instituto, donde los chicos quedan para salir con los amigos, con la novia o ir al cine, se ha convertido en motivo de arresto”. Nadie llamó a los padres de los menores, aunque la ley obliga a hacerlo.
“Son evidentes abusos de poder”, advierten estos progenitores en su texto. Su reflexión y su preocupación van más allá: “¿Cómo podemos justificar ante sus ojos el comportamiento de la policía? ¿Cómo hacerles entender que no deben temerla, después de los comportamientos violentos de muchos agentes, que ponen en cuestión el buen nombre de la policía y del Estado que la dirige?”. De hecho, lo que dicen estos padres es que cuando sus hijos salieron de comisaría estaban mucho más enfadados que antes y con más ganas de manifestarse ante las injusticias, porque creen que han sufrido personalmente una más.
De forma paralela, aunque no tenga nada que ver con las manifestaciones, el Gobierno hizo el pasado fin de semana un gran despliegue policial en zonas de marcha nocturna de las grandes ciudades. Es verdad que ha aumentado la delincuencia juvenil, pero la operación ha llegado justo en plena polémica por los arrestos de adolescentes. Se llamó Alto Impacto y desde luego sus cifras eran impactantes: fueron identificados 236.138 jóvenes en todo el país, de los cuales 23.060 eran menores. Fueron arrestados 575 jóvenes y 69 menores, y denunciados y puestos en libertad 1.695, de los cuales 373 eran menores. Las acusaciones fueron delitos contra la persona, el patrimonio, posesión de armas o tráfico de estupefacientes.
En este endurecimiento de la represión a menores hay otro punto polémico. El último decreto incluía la bajada de la edad penal en la que se imputa automáticamente un delito de los 18 a los 14 años. Hasta ahora solo se hacía si se probaba que el menor era plenamente consciente del alcance de sus actos, pero ahora se invierte la carga de la prueba y será la defensa del menor quien tendrá que probar que sabía lo que hacía."
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