"En septiembre de 2014 Raquel (prefiere no dar su apellido) se vio con
una deuda de 100 euros "por cometer el error" de ponerse enferma. Vive
en Dublín desde principios de 2013, cuando se dio por vencida y decidió
emigrar por la falta de oportunidades laborales que le brindaba España.
Lo que no sabía es que se iba a quedar sin protección sanitaria.
Esta salmantina es víctima de una disposición publicada en el BOE
que, en la práctica, supone la pérdida de la residencia a efectos de la
Seguridad Social para aquellos españoles que estén más de 90 días fuera
de nuestras fronteras. A la normativa se suma el Real Decreto 16/2012,
que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 inmigrantes y que liga
el derecho a la asistencia con la situación laboral, económica y
administrativa de las personas.
El resultado: el Gobierno no expide la Tarjeta Sanitaria Europea a los mayores de 26 años sin contrato indefinido que salgan del país más de tres meses, según denuncia el colectivo Marea Granate. (...)
"No me puedo poner enferma y, si me pongo, tengo que asumir que una
buena parte de mis ahorros los gastaré en ello porque España me ha
dejado sin asistencia sanitaria", comenta. Hasta ahora, si una persona
tenía la residencia española y la tarjeta sanitaria y se marchaba al
extranjero, España se hacía cargo de su atención medica.
Tras recibir la factura de 100 euros que le costó su
visita a urgencias, su madre intentó sin éxito desde España que ese
dinero le fuera reembolsado. La Tarjeta Sanitaria Europea que Raquel
presentó en la consulta estaba caducada, pero cuando solicitó la
renovación, se la denegaron. "Solo se la dan a trabajadores con contrato
indefinido, pensionistas o sus beneficiarios, que no son las personas
que tienen que emigrar", sostiene Álvaro, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal.
La única opción que el Gobierno les da es un Certificado Sustitutorio Provisional,
que cubre la atención sanitaria durante 90 días como máximo. Un
documento que "no se acepta en la mayoría de países europeos porque
España no paga", asegura el colectivo Marea Granate. Raquel no tuvo
opción de comprobarlo porque no ha necesitado volver al médico. Aún así,
es escéptica: "Está escrito en castellano y sin ninguna certificación
europea".
Transcurridos los tres meses, su
certificado ha caducado y se encuentra desprotegida. "Es una medida
inhumana porque busca despojar poco a poco a las personas, empezando por
las que están en situación irregular en España y las emigradas, de un
derecho tan básico como es la asistencia sanitaria", sostiene. (...)
A Lourdes Jiménez, que lleva seis meses viviendo en Nailswotrth, un
pequeño pueblo de Inglaterra, también le ofrecieron únicamente el
Certificado Sustitutorio Provisional. Antes de irse de España, había
intentado gestionar por internet su Tarjeta Sanitaria Europea, pero se
la denegaron. Cuando acudió a la Oficina de la Seguridad Social,
cuestionándose los motivos, el funcionario que la atendió le contestó:
"Eso pregúntaselo al PP". (...)
Una vez en el país de destino y cuando le iba a caducar el certificado,
se puso en contacto con Marea Granate, que le ayudó a conseguir la
tarjeta allí. Lourdes, que tiene 26 años, está cubierta por el Servicio
Nacional de Salud británico pues, según le informaron, "está basado en
la residencia". "Si Reino Unido hubiera tenido la misma política que
España yo ahora estaría desprotegida", explica. (...)
Esta situación está siendo investigada por la Comisión Europea, que ha
pedido aclaraciones a las autoridades españolas, según recoge Europa
Press. "La expedición sistemática de un certificado provisional
sustitutorio en lugar de la tarjeta sanitaria europea para determinadas
categorías de personas aseguradas no se ajusta a las normas", asegura
Mariane Thyssen, comisaria de Empleo y Servicios Sociales. Además aclara
que el certificado solo deberá emplearse en circunstancias
excepcionales: el robo o pérdida de tarjeta o la partida en un plazo
demasiado corto como para expedirla. (...)" (Marta Borraz
, eldiario.es, 11/05/2015)
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