"La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) se transformará en la nueva empresa estatal de vivienda. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El objetivo es crear una compañía que agrupe todas las capacidades que tiene el Estado, desde la urbanización del suelo público, a la construcción y gestión de viviendas, tanto para compra como en alquiler. “Queremos dotarnos de un instrumento fuerte porque no hay ninguna administración que de manera individual pueda cubrir la demanda que tiene ahora mismo este país”, explicó la titular de Vivienda en una entrevista para RTVE.
Aún se desconocen los detalles del organismo y los plazos de su puesta en marcha, pero en el horizonte está elevar el porcentaje de vivienda pública en España para cumplir con Europa y frenar los precios. “Necesitamos 1,5 millones de viviendas asequibles para estar en los estándares europeos”, señaló la ministra este martes.
"La media de la Unión Europea en cuanto a vivienda pública se encuentra entre un 5% y un 9% aproximadamente, con grandes diferencias entre países", explica Ivan Auciello, investigador del think tank Future Policy Lab. En el caso de España, la cifra ronda el 2,5%, lejos del dato comunitario. De ahí que edificar más sea la prioridad del Gobierno. La vivienda es un problema que ha saltado las fronteras nacionales. De hecho, supone el mayor gasto de los hogares en toda la Unión Europea. Y la tendencia es al alza: de media, desde 2019 el precio de los inmuebles ha aumentado un 47% y los alquileres lo han hecho un 18%.
Otro de lo puntos es blindar las viviendas públicas para que no pierdan el estatus de protección y evitar que, con el tiempo, se comercialicen a precios especulativos. "La ministra lleva mucho tiempo defendiendo que el parque público no se puede desamortizar al cabo de los años", señalan fuentes del Ministerio de Vivienda. "Lo que se construye con dinero de todos siempre tiene que ser público", concluyen.
Otra cuestión que se debe tener en cuenta para analizar el caso español, explica Auciello, es que las estadísticas de vivienda pública han variado mucho a lo largo del tiempo, porque después de 30 años pasaban al mercado libre. Además, matiza, existen municipios donde la descalificación se producía antes, lo que hace muy complicado seguir los números.
Precedentes autonómicos
Esta última medida tiene un precedente en el ámbito autonómico. En concreto, en el País Vasco, donde opera desde 2003. Desde el área territorial de vivienda del Gobierno vasco señalan que actualmente las casas que se vendieron antes de la entrada en vigor de la ley aún se pueden comercializar en el mercado libre, pero ninguna a partir de la aprobación de la norma.
Actualmente el País Vasco tiene 28.000 viviendas en su parque público, de las cuales 17.000 son en propiedad. Por otro lado, alaban la decisión del Gobierno y mantienen que la vivienda debe ser una prioridad: "Nuestro consejero tiene una muy buena sintonía con la ministra porque la ley de vivienda estatal nos da herramientas muy interesantes para poder atajar el problema de la vivienda", señalan desde la consejería vasca.
Construir las casas que se necesitan para romper la tensión en la oferta y abaratar los precios es una tarea gigante. El Banco de España calcula que faltarían 600.000 viviendas hasta 2025 para equilibrar el mercado inmobiliario. Además, el ritmo al que suben los precios contrasta con una demanda que no cesa, por eso, entre las medidas que gestionará esta empresa pública también habrá préstamos ICO y ayudas en la financiación de las hipotecas que aún no se han concretado.
En el caso de España, los últimos datos de precios no dan tregua: en el tercer trimestre del año la vivienda se encareció un 6% con respecto a 2023, en el segundo ya lo había hecho un 5,7% y en el primero un 4,3%. Aún con esto, los informes de portales inmobiliarios como Fotocasa, apuntan que la demanda, tanto de los que buscan comprar una como los que optan por el alquiler, quintuplica la oferta existente.
Desde Vivienda señalan que con la transformación del Sepes en una entidad estatal de vivienda, el Gobierno trata de diseñar una herramienta mas robusta, "dotándola con todos los instrumentos del Estado al servicio de la política de vivienda", concluyen.
Además, el nuevo instrumento incorporará también la Sareb. El llamado banco malo, creado para absorber los activos tóxicos de bancos y cajas de ahorros, se integrará en el plan para sumar más viviendas a la cuenta pública. Sobre las que se construirán, aún no hay plazos, pero la ministra ha recordado que hay 80.000 viviendas en construcción actualmente dentro del plan de recuperación, de las cuáles 25.000 se entregarían en el plazo de un año."
( Selina Bárcena , Info Libre, 03/12/24)
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