"Fiscal General de Bolivia fue arrestado tras investigar a un operativo alineado con Trump
La detención pone de relieve el uso selectivo de las acusaciones de narcotráfico para promover los intereses de Estados Unidos en América Latina.
El día después de que el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fuera arrestado a finales de septiembre acusado de narcotráfico, el portavoz presidencial José Luis Gálvez convocó una conferencia de prensa para agradecer el apoyo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Después lanzó una advertencia.
"Esto no ha hecho más que empezar", dijo Gálvez.
Desde entonces, las autoridades bolivianas han actuado para silenciar a un medio de comunicación de izquierda, han encarcelado a un legislador opositor acusado de terrorismo y han anunciado una investigación contra el expresidente Evo Morales.
Antes de su detención, Mariaca estaba investigando a Fernando Cerimedo, el operativo político argentino afiliado al MAGA, tras supuestamente haber contratado a un sicario para matar a su exnovia embarazada, Nadia Beller. Cerimedo, quien fue un alto asesor del presidente Rodrigo Paz, también estaba siendo investigado por narcotráfico.
Beller dijo a Drop Site que espera ser arrestada por las autoridades bolivianas tan pronto como el viernes. Dijo que fuentes gubernamentales le habían advertido que sería acusada por no denunciar el narcotráfico y la injerencia electoral de Cerimedo. Afirmó que el Ministerio de Gobierno planeaba "fabricar un caso contra mí para perseguirme e intimidarme, y de esta manera exonerar a [Cerimedo], desestimar todos los cargos en su contra y absolverlo de toda responsabilidad".
La destitución de Mariaca deja de lado a una figura que se había convertido en un problema político para el gobierno de Paz, y sirve como ejemplo de cómo el enjuiciamiento selectivo de personas acusadas de vínculos con el crimen organizado funciona para promover los intereses de Estados Unidos en la región.
El 28 de septiembre, dos días antes del arresto de Mariaca, Estados Unidos lo sancionó y le revocó el visado por "participación en corrupción significativa", incluido el supuesto "ofrecimiento y aceptación de sobornos para facilitar el narcotráfico", ayudar a "criminales violentos a evadir la justicia" y "socavar" las instituciones democráticas de Bolivia.
"Creo que es importante que si se han cometido delitos deben investigarse y sancionarse, pero su arresto, tal como ha ocurrido, ignora todos los procedimientos legales y las garantías del debido proceso", declaró a Drop Site Canela Crespo, abogada y analista política boliviana.
Gálvez dijo posteriormente a CNN en una entrevista del 6 de octubre que el momento del arresto de Mariaca era meramente una "coincidencia" y que la investigación había estado en curso desde la detención en marzo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Los cargos contra Mariaca se centran en su asociación con Marset, a quien el exfiscal general es acusado de proteger mediante sobornos de alto nivel e inteligencia filtrada. La noche de su arresto, una ambulancia que intentaba salir de la residencia de Mariaca fue detenida con aproximadamente 300.000 dólares, tanto en moneda local como en dólares estadounidenses, y los fiscales afirman tener inteligencia financiera que lo vincula con redes de narcotráfico.
Antes de su arresto, Mariaca negó vehementemente las acusaciones estadounidenses sobre vínculos con el narcotráfico y afirmó que estaban impulsadas por intereses políticos vinculados a sus investigaciones en curso.
Beller, quien ha hablado públicamente sobre las actividades políticas de su expareja en toda la región, dijo a Drop Site que creía que la administración Trump estuvo involucrada en la decisión de arrestar a Mariaca debido a su investigación sobre Cerimedo, quien tenía vínculos con figuras políticas estadounidenses como Brad Parscale y Donald Trump Jr. En septiembre, poco antes del arresto de Mariaca, publicó una foto de Cerimedo, Trump Jr. y Parscale en su página de Facebook.
El vicepresidente boliviano, Edmand Lara Montaño —quien se ha distanciado públicamente de Paz— filtró un audio que supuestamente capta a Cerimedo negociando pagos por aeronaves vinculadas a operaciones de narcotráfico.
Beller alega que el gobierno de Paz actuó por temor a que la investigación de Mariaca pudiera llegar potencialmente a los más altos niveles, incluidos ministros del gobierno e incluso la esposa de Paz, María Elena Urquidi.
Tras el arresto de Cerimedo, el equipo legal de Lara acusó a Urquidi de participación en delitos de narcotráfico, pero los fiscales finalmente optaron por excluirla de su investigación.
Beller acusó a las autoridades del gobierno boliviano de retrasar y descarrilar deliberadamente la investigación sobre el complot de asesinato después de que su testimonio programado como testigo protegido fuera suspendido abruptamente.
"Quieren proteger a sus aliados, no hay otra explicación", dijo Beller a Drop Site.
Crespo dijo que el arresto de Mariaca no solo está vinculado a un esfuerzo por impedir las investigaciones sobre las presuntas actividades criminales de Cerimedo, sino también a obtener el control de la fiscalía del país.
"La injerencia estadounidense y las acciones del gobierno de Rodrigo Paz buscan primero deconstruir el sistema judicial tal como está y poner a sus propios peones", dijo Crespo. "Lo que hay que preguntarse es qué estructura de poder se está desmontando y, sobre todo, qué estructura de poder pretende instalarse en su lugar".
Mariaca, nombrado en 2024 durante el mandato del expresidente Luis Arce, había investigado a políticos de todo el espectro político, incluidos partidarios de Evo Morales, rivales políticos de Paz.
Kathryn Ledebur, directora de la Red de Información Andina y experta en política boliviana, dijo a Drop Site que Mariaca se había convertido en un "problema" para el gobierno de Paz.
"Había sido útil durante cierto tiempo, pero su arresto y el procesamiento de Fernando Cerimedo resultaban muy incómodos", dijo Ledebur.
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia actuó rápidamente para seleccionar al reemplazo de Mariaca, nombrando a José Armando Urioste como fiscal general interino. Urioste está detrás del impulso para procesar a Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera por la muerte de tres ciudadanos europeos a manos de la policía en 2009.
La investigación de Mariaca sobre Cerimedo, quien trabajaba estrechamente con el presidente, amenazaba con desestabilizar aún más a un gobierno ya debilitado que había sido sacudido por acusaciones de corrupción e intensas protestas en junio y julio por las políticas económicas neoliberales de Paz.
Ledebur dijo a Drop Site que, además de las preocupaciones sobre lo que la investigación de Mariaca podría revelar acerca de vínculos de alto nivel con el narcotráfico, el gobierno de Paz también estaba motivado por su deseo de asegurar la estabilidad antes de un momento políticamente volátil en Bolivia.
"Han extendido ilegalmente un estado de emergencia que limita las libertades garantizadas por la constitución, y estamos en un momento en que necesitarían aprobar alguna legislación importante que podría afectar significativamente los derechos de tenencia de la tierra, los derechos indígenas y todo tipo de garantías que se proporcionaron en la constitución de 2009", dijo Ledebur.
El malestar social en Bolivia tiende a intensificarse a finales de octubre, después de la temporada de siembra, cuando las comunidades indígenas altamente organizadas pueden centrar su atención en sus demandas sociales, explicó Ledebur.
La destitución de Mariaca y el descarrilamiento de su investigación sobre temas sensibles le dan al gobierno de Paz margen para operar mientras intenta impulsar reformas impopulares.
"Creo que lo que estamos viendo es que están limpiando la casa para tener un poder judicial que responda a sus intereses y necesidades, y para asegurarse de que cuando ocurran graves violaciones de derechos humanos, cuando continúen estas violaciones del debido proceso y de la Constitución, no haya nada en el poder judicial que impida esas acciones o frene este proceso que parecen haber planificado de antemano", dijo Ledebur a Drop Site.
**Enjuiciamientos selectivos**
Tras el arresto de Mariaca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, emitieron declaraciones de apoyo. Un total de 15 países que forman parte de la iniciativa Escudo de las Américas del presidente Donald Trump también emitieron una declaración conjunta afirmando su solidaridad con Bolivia tras el arresto de Mariaca.
El Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos, se lanzó en marzo de 2026 para coordinar actividades antinarcóticos en la región y rápidamente ha evolucionado hacia una alianza política de países aliados con la agenda estadounidense.
Desde el regreso de Trump al poder, la política estadounidense en la región ha estado dictada en gran medida por el declarado interés de Estados Unidos en combatir el "narcoterrorismo". El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro fue justificado como una "operación de aplicación de la ley" en relación con una acusación por narcotráfico.
Sin embargo, la administración Trump también ha buscado vínculos más estrechos con líderes regionales que enfrentan acusaciones creíbles de vínculos con el narcotráfico. Como parte de sus esfuerzos para ayudar a asegurar una victoria del partido de derecha Nacional en Honduras, Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández después de que fuera condenado por un tribunal de Nueva York por introducir drogas en Estados Unidos. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuyo negocio naviero familiar ha sido utilizado por narcotraficantes balcánicos para transportar cocaína, se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Washington. Noboa ha utilizado la lucha contra el crimen organizado para justificar un estado de excepción en su país y ha empleado esta narrativa para perseguir a sus oponentes políticos, incluida la excandidata presidencial Luisa González, quien fue encarcelada recientemente.
Crespo dijo que la adopción por parte del gobierno de Paz de la narrativa estadounidense sobre el narcotráfico también sirve a fines similares.
"En el caso boliviano, de manera muy clara, muy evidente, apunta al liderazgo de Evo Morales, pero no solo al suyo, sino también al de líderes sociales, líderes campesinos indígenas, y la persecución política contra estos líderes se basa en esta narrativa de la presencia del narcotráfico", dijo Crespo a Drop Site.
Benjamin Fogel, subdirector del Instituto Alameda, dijo a Drop Site que la estrategia estadounidense de utilizar la lucha contra el narcotráfico para promover los intereses de Estados Unidos en América Latina tiene raíces históricas profundas.
"Este ha sido el patrón desde [la administración Nixon] en América Latina: el enjuiciamiento selectivo, el uso selectivo de amenazas y la aplicación selectiva de leyes en constante expansión para detener la amenaza del narcotráfico han sido un medio para manipular, intimidar y, en efecto, intimidar a diversos gobiernos y proteger los intereses de Estados Unidos y sus aliados", dijo Fogel a Drop Site.
Desde su elección a principios de este año, el colombiano Abelardo de la Espriella, quien alguna vez se desempeñó como abogado de notorios líderes paramilitares y narcotraficantes colombianos, ha buscado fortalecer los vínculos de su país con Washington e invitó a tropas estadounidenses al país para participar directamente en operaciones, una medida que, según Fogel, infringiría la constitución colombiana.
Fogel señala que la estrategia estadounidense de aplicación selectiva de la política antinarcóticos tiene limitaciones significativas, especialmente en el caso de países con mayor capacidad estatal como México y Brasil.
En el caso de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado a aceptar operaciones estadounidenses, el exfiscal general de Chihuahua César Jáuregui ha sido acusado de traición por permitir ilegalmente que agentes de la CIA participaran en una operación.
Más recientemente, Estados Unidos extendió un visado al excandidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro para permitir su entrada al país después de que huyera de Brasil para evitar una investigación por lavado de dinero.
"Esto es basura securitaria. Ninguna de estas políticas es realmente coherente", dijo Fogel."
( José Luis Granados Ceja, , Drop Site, 29/10/26, traducción deepseek, enlaces en el original)
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