"Victoria agridulce del Sindicato de Inquilinas (SDI) contra el desahucio de una vecina del barrio madrileño de Lavapiés. Decenas de integrantes de esta organización pusieron el cuerpo este martes desde las 7 de la mañana para detener el desalojo forzado de Zohra, inquilina del bloque 31 de Calle Zurita, quien ya había sufrido un primer intento de desahucio semanas atrás. Tras varias horas seguidas presionando sin descanso y coreando consignas antidesahucios como “ni gente sin casas ni casas sin gente” y “Madrid será la tumba del rentismo” a la puerta del edificio, la Policía ha decidido prorrogar el desalojo hasta el próximo 24 de julio. Esta medida temporal, que no garantiza la permanencia de Zohra en el piso mediante la renovación de su contrato, ni tampoco asegura el acceso de su familia a un alquiler social, sí permite al Sindicato disponer de tiempo extra para renegociar con la propiedad una solución digna para la inquilina.
Zohra lleva desde 2014 residiendo en esta vivienda de 28 metros cuadrados en el centro junto a su marido y su criatura de 8 años, los tres sobreviven con la pensión de él y un pequeño ingreso mínimo vital. En 2020 el propietario del inmueble, Antonio del Pozo, un arquitecto y rentista que posee la totalidad de las 27 viviendas que conforman el edificio, se negó a renovarle el contrato. En ese momento empezó a organizarse con la PAH centro, que actualmente está integrado dentro del Sindicato de Inquilinas, mientras seguía pagando religiosamente todos los meses los 380 euros de renta del piso. Debido a que el casero se negó a seguir recibiendo ese dinero porque su contrato ya había finalizado, Zohra entró en situación de impago forzoso y se vio por primera vez a las puertas de la calle. Le salvaron temporalmente las distintas moratorias y medidas de paralización de desahucios que se pusieron en marcha desde el Gobierno durante la pandemia, que impedían el desalojo de familias vulnerables sin alternativa habitacional
Este año, Zohra ha vuelto a enfrentarse a la posibilidad de verse en la calle. A pesar de que Zohra ha acreditado en el juzgado su condición de vulnerabilidad, lo que le permitiría acogerse al Real Decreto-ley 1/2024, del 14 de mayo de paralización de los desahucios, el juzgado le ha negado esa posibilidad. Esta ley prorroga cuatro años adicionales las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables. La suspensión de lanzamientos sobre viviendas de colectivos vulnerables se llevó a cabo con el supuesto objetivo de proteger a las familias que afrontan situaciones de precariedad a la hora de afrontar los pagos del alquiler. Sin embargo, el juez ha hecho caso omiso a todas las pruebas que Zohra ha aportado hasta la fecha para demostrar su vulnerabilidad.
Un portavoz del Sindicato de Inquilinas, relata a El Salto el calvario de la vecina en los juzgados, que se niegan a tener en cuenta su situación: “Tiene un informe de servicios sociales que acredita su vulnerabilidad. y el juez inicialmente alegaba que faltaban algunos documentos como el padrón, el libro de familia, cosas muy básicas”, explica el activista. “Obviamente, ha entregado todo ello mil veces, pero después de que el juez nos dijera eso, volvimos a entregar de nuevo toda la documentación y aún así dijo que no, que faltaba documentación, esta segunda vez sin especificar qué documentación faltaba”, denuncia. El juzgado, además, alega que no dispone de pruebas que certifiquen que su casero sea un gran tenedor ya que, aunque el propietario supera ya el número de viviendas que debe poseer alguien para ser considerado como tal, los 27 pisos que acumula en toda Zurita 31 son considerados por a efectos de la ley como un solo inmueble, ya que posee el edificio entero.
Actualmente Zohra se encuentra indefensa a la hora de encontrar una alternativa habitacional - que lleva más de un año solicitando a los servicios sociales sin éxito alguno- en una ciudad donde los precios de los alquileres se han disparado hasta un 190% en los últimos años debido a la gentrificación. La creciente demanda de viviendas como inversión, para destinarlas al alquiler residencial o a la actividad turística, sumado a la falta de regulación estatal, ha hecho saltar por los aires los precios de la vivienda y hoy es causa de que en España se ejecuten más de 80 desahucios diarios según el informe periódico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, el pasado miércoles la Policía desalojó a otra vecina de este mismo barrio, una anciana de 94 años, de su piso en la calle Doctor Fourquet. Esta vecina cobraba al mes una pensión no contributiva de 517 euros y solo el pago de su alquiler rondaba los 700 euros, es decir, 200 euros más de lo que ingresaba. En España, las familias tienen que dedicar de media más del 40% de su salario al mes a pagar el alquiler y el 50% de los alquileres en España requiere más de un sueldo para pagar la renta mensual, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).
Por tanto, una de las luchas del Sindicato en relación al caso de Zohra es, según el portavoz, “que los contratos sean indefinidos”. “Esto mismo se entiende en el mundo del trabajo porque se conoce que la precariedad se combate con los contratos indefinidos y con unas indemnizaciones y demás, de hecho ya se acabó con los contratos temporales”, declara a este medio. Sin embargo, lamenta, “parece que en tema de vivienda eso no existe”. Al igual que han defendido con otras vecinas amenazadas por desalojos forzados, desde el Sindicato abogan por que se redacte un nuevo contrato para ella, su marido y su niño “en las mismas condiciones de las que estaba pagando pero sobre todo que se haga cargo de su obligación principal que es mantener la vivienda en estado de habitabilidad”.
Esta última cuestión ha sido una de las reivindicaciones más urgentes desde hace meses en aras de garantizar la salud de la inquilina y su familia ya que, en palabras de Carlos Castilla, abogado del Sindicato que lleva el caso de Zohra, “la vivienda está en estado de insalubridad absoluto”. Parte del tejado de la habitación de la criatura se ha desplomado, las humedades que el edificio acumula desde hace años ha provocado ya problemas respiratorios a la familia y gran parte de la vivienda está apuntalada. Ante esto, y a pesar de tener conocimiento de que un menor está viéndose obligado a vivir en tales condiciones, “no se ha dado ningún tipo de alternativa habitacional ni por parte de la propiedad, ni por parte de servicios sociales, ni de ayuntamiento”, señala Castilla ante este medio.
El propietario, que reside en Tenerife la mayor parte del año y se niega a mantener cualquier tipo de interlocución con el Sindicato, no ha querido hacer reformas, ni modificaciones, ni mantenimientos en el piso. Es habitual ver que los grandes tenedores se nieguen realizar reformas en sus pisos cuando estos se encuentran en un estado deplorable. Se trata, a juicio de las activistas del Sindicato, de una táctica de desgaste tendente a provocar la salida voluntaria de las vecinas: “Hay una estrategia clara en dejar degradar no solo los pisos, sino también los barrios, y eso se ve en todos los procesos de gentrificación, cuando los barrios se empiezan a degradar completamente para que la gente se acabe yendo por hastío”, indicen desde esta organización." (Alejandra Mateo Fano , El Salto, 16/07/24)
Zohra lleva desde 2014 residiendo en esta vivienda de 28 metros cuadrados en el centro junto a su marido y su criatura de 8 años, los tres sobreviven con la pensión de él y un pequeño ingreso mínimo vital. En 2020 el propietario del inmueble, Antonio del Pozo, un arquitecto y rentista que posee la totalidad de las 27 viviendas que conforman el edificio, se negó a renovarle el contrato. En ese momento empezó a organizarse con la PAH centro, que actualmente está integrado dentro del Sindicato de Inquilinas, mientras seguía pagando religiosamente todos los meses los 380 euros de renta del piso. Debido a que el casero se negó a seguir recibiendo ese dinero porque su contrato ya había finalizado, Zohra entró en situación de impago forzoso y se vio por primera vez a las puertas de la calle. Le salvaron temporalmente las distintas moratorias y medidas de paralización de desahucios que se pusieron en marcha desde el Gobierno durante la pandemia, que impedían el desalojo de familias vulnerables sin alternativa habitacional
Este año, Zohra ha vuelto a enfrentarse a la posibilidad de verse en la calle. A pesar de que Zohra ha acreditado en el juzgado su condición de vulnerabilidad, lo que le permitiría acogerse al Real Decreto-ley 1/2024, del 14 de mayo de paralización de los desahucios, el juzgado le ha negado esa posibilidad. Esta ley prorroga cuatro años adicionales las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables. La suspensión de lanzamientos sobre viviendas de colectivos vulnerables se llevó a cabo con el supuesto objetivo de proteger a las familias que afrontan situaciones de precariedad a la hora de afrontar los pagos del alquiler. Sin embargo, el juez ha hecho caso omiso a todas las pruebas que Zohra ha aportado hasta la fecha para demostrar su vulnerabilidad.
Un portavoz del Sindicato de Inquilinas, relata a El Salto el calvario de la vecina en los juzgados, que se niegan a tener en cuenta su situación: “Tiene un informe de servicios sociales que acredita su vulnerabilidad. y el juez inicialmente alegaba que faltaban algunos documentos como el padrón, el libro de familia, cosas muy básicas”, explica el activista. “Obviamente, ha entregado todo ello mil veces, pero después de que el juez nos dijera eso, volvimos a entregar de nuevo toda la documentación y aún así dijo que no, que faltaba documentación, esta segunda vez sin especificar qué documentación faltaba”, denuncia. El juzgado, además, alega que no dispone de pruebas que certifiquen que su casero sea un gran tenedor ya que, aunque el propietario supera ya el número de viviendas que debe poseer alguien para ser considerado como tal, los 27 pisos que acumula en toda Zurita 31 son considerados por a efectos de la ley como un solo inmueble, ya que posee el edificio entero.
Actualmente Zohra se encuentra indefensa a la hora de encontrar una alternativa habitacional - que lleva más de un año solicitando a los servicios sociales sin éxito alguno- en una ciudad donde los precios de los alquileres se han disparado hasta un 190% en los últimos años debido a la gentrificación. La creciente demanda de viviendas como inversión, para destinarlas al alquiler residencial o a la actividad turística, sumado a la falta de regulación estatal, ha hecho saltar por los aires los precios de la vivienda y hoy es causa de que en España se ejecuten más de 80 desahucios diarios según el informe periódico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, el pasado miércoles la Policía desalojó a otra vecina de este mismo barrio, una anciana de 94 años, de su piso en la calle Doctor Fourquet. Esta vecina cobraba al mes una pensión no contributiva de 517 euros y solo el pago de su alquiler rondaba los 700 euros, es decir, 200 euros más de lo que ingresaba. En España, las familias tienen que dedicar de media más del 40% de su salario al mes a pagar el alquiler y el 50% de los alquileres en España requiere más de un sueldo para pagar la renta mensual, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).
Por tanto, una de las luchas del Sindicato en relación al caso de Zohra es, según el portavoz, “que los contratos sean indefinidos”. “Esto mismo se entiende en el mundo del trabajo porque se conoce que la precariedad se combate con los contratos indefinidos y con unas indemnizaciones y demás, de hecho ya se acabó con los contratos temporales”, declara a este medio. Sin embargo, lamenta, “parece que en tema de vivienda eso no existe”. Al igual que han defendido con otras vecinas amenazadas por desalojos forzados, desde el Sindicato abogan por que se redacte un nuevo contrato para ella, su marido y su niño “en las mismas condiciones de las que estaba pagando pero sobre todo que se haga cargo de su obligación principal que es mantener la vivienda en estado de habitabilidad”.
Esta última cuestión ha sido una de las reivindicaciones más urgentes desde hace meses en aras de garantizar la salud de la inquilina y su familia ya que, en palabras de Carlos Castilla, abogado del Sindicato que lleva el caso de Zohra, “la vivienda está en estado de insalubridad absoluto”. Parte del tejado de la habitación de la criatura se ha desplomado, las humedades que el edificio acumula desde hace años ha provocado ya problemas respiratorios a la familia y gran parte de la vivienda está apuntalada. Ante esto, y a pesar de tener conocimiento de que un menor está viéndose obligado a vivir en tales condiciones, “no se ha dado ningún tipo de alternativa habitacional ni por parte de la propiedad, ni por parte de servicios sociales, ni de ayuntamiento”, señala Castilla ante este medio.
El propietario, que reside en Tenerife la mayor parte del año y se niega a mantener cualquier tipo de interlocución con el Sindicato, no ha querido hacer reformas, ni modificaciones, ni mantenimientos en el piso. Es habitual ver que los grandes tenedores se nieguen realizar reformas en sus pisos cuando estos se encuentran en un estado deplorable. Se trata, a juicio de las activistas del Sindicato, de una táctica de desgaste tendente a provocar la salida voluntaria de las vecinas: “Hay una estrategia clara en dejar degradar no solo los pisos, sino también los barrios, y eso se ve en todos los procesos de gentrificación, cuando los barrios se empiezan a degradar completamente para que la gente se acabe yendo por hastío”, indicen desde esta organización." (Alejandra Mateo Fano , El Salto, 16/07/24)
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