"¿Qué significa afirmar que nos encontramos en una «policrisis»? En el marco de un capitalismo cada vez menos democrático, todos los países del mundo rico se enfrentan a un conjunto similar de crisis que han surgido de forma prácticamente inadvertida. Detrás de ellas se esconde una crisis fiscal del Estado que lleva mucho tiempo gestándose y que ahora, por fin, está saliendo a la luz, en la que las crecientes exigencias que la evolución del capitalismo contemporáneo impone a la sociedad chocan con la capacidad cada vez menor de la política democrática para garantizar los recursos necesarios para satisfacerlas. Una de las consecuencias es el auge notablemente paralelo, en todos los países afectados, de partidos de oposición de nuevo cuño, críticos con el orden existente, que amenazan con desbancar del poder a los envejecidos partidos gobernantes de la posguerra.
Los detalles varían de un país a otro, aunque no en gran medida. En lo que respecta a Alemania, todos los gobiernos, independientemente de quién los dirija, se enfrentan más o menos a los siguientes problemas, que son tan agudos como intratables, al menos a corto plazo. Todos ellos se deben a una política latente de austeridad, que se traduce en una falta de inversión en bienes públicos. Estos son, sin ningún orden en particular: el estancamiento del crecimiento, en cuyo contexto cualquier cambio estructural adquiere un carácter de suma cero; el deterioro de las infraestructuras públicas, incluidos ferrocarriles, puentes y carreteras; una creciente escasez de viviendas y el aumento de los alquileres urbanos; la incapacidad de adaptar tanto las ciudades como las zonas rurales a las consecuencias del cambio climático; la falta de una política de inmigración que contrarreste el envejecimiento de la población junto con un fuerte descenso de las tasas de natalidad; el deterioro del sistema educativo, en particular de la enseñanza primaria; el endeudamiento de las autoridades locales y su capacidad cada vez menor para realizar las inversiones necesarias y prestar los servicios esenciales; la creciente desigualdad en los ingresos y la riqueza, siendo las familias con bajos ingresos —especialmente aquellas encabezadas por madres solteras— las más afectadas de forma crónica; y, por último, pero no por ello menos importante, la ansiedad generalizada respecto al futuro, impulsada en parte por el temor a los recortes en los servicios esenciales prestados por el Estado, cuya financiación resulta cada vez más difícil.
Estas crisis —en Alemania como en otros lugares— tienen dos cosas en común: en primer lugar, surgen en un momento en que los Estados que se supone que deben hacerles frente ya están profundamente endeudados; y, en segundo lugar, que las promesas de los dirigentes de resolverlas son imposibles de cumplir —al menos antes de las próximas elecciones—. Por supuesto, no hay nada nuevo en la idea de que las finanzas públicas puedan convertirse en el talón de Aquiles del capitalismo gobernado democráticamente. Desde la década de 1970, se ha ido abriendo una brecha cada vez mayor entre los costes generales del capitalismo y lo que las empresas capitalistas están dispuestas —o pueden verse obligadas— a aportar para cubrirlos. Estos costes se derivan de las condiciones previas necesarias para la producción capitalista, así como de sus consecuencias —desde la I+D y la formación de «capital humano» hasta la reparación de los daños medioambientales—, pero también de la necesidad de garantizar la legitimidad de un modo de producción en el que los excedentes generados acaban en manos de una pequeña clase de propietarios del capital.
Todas las formas de salario social —es decir, los complementos estatales al salario de mercado de los trabajadores, como la seguridad social y el seguro médico— sirven para reforzar esta legitimidad. A medida que avanza el desarrollo capitalista (o «modernización») y surgen nuevas necesidades entre los trabajadores y sus familias, estos gastos aumentan, como ocurre con las guarderías o la atención a las personas mayores. Al mismo tiempo, la capacidad de gravar tanto a las clases trabajadoras como a las clases que se benefician de ellas está llegando a su límite: en el primer caso, porque nuevas subidas de impuestos ponen en peligro la ética del trabajo necesaria para el capitalismo y el patriotismo necesario para la democracia; y en el segundo, porque la creciente globalización y financiarización han ampliado drásticamente la capacidad del capital para desaparecer cuando las autoridades fiscales llaman a la puerta.
Ya en la década de 1950, John Kenneth Galbraith describió la discrepancia resultante entre la opulencia privada y la miseria pública. Lo que él presenció, sin embargo, no fue más que el comienzo. En las décadas de 1980 y 1990, con el fin de salvar la creciente brecha entre las exigencias impuestas al Estado y los recursos de que disponía —o, más concretamente, para subvencionar el modo de producción capitalista de tal manera que tanto los capitalistas que lo impulsaban como los no capitalistas a los que empleaban se mantuvieran a bordo—, a los Estados capitalistas avanzados se les ocurrió la idea de recurrir al endeudamiento con el sector financiero desregulado —de forma acumulativa, en lugar de según el modelo keynesiano cíclico— para satisfacer las demandas de ambas clases, de acuerdo con su poder de negociación relativo.
Sin embargo, esto no podía continuar indefinidamente. Las últimas tres décadas fueron testigo de una serie de recortes fiscales para las empresas y las «personas con altos ingresos», lo que condujo a una mayor acumulación de riqueza entre quienes poseían grandes activos, así como al aumento de los costes derivados del mantenimiento de una población envejecida que dependía de la mano de obra inmigrante. El resultado ha sido un aumento vertiginoso de los niveles de deuda. En Alemania, esta situación se evitó durante mucho tiempo, en parte al no mantener las infraestructuras que databan de la década de 1960. Pero con los denominados «fondos especiales» del Gobierno de Merz —destinados a financiar mediante deuda infraestructuras por encima de los límites constitucionales de endeudamiento— y con un presupuesto de defensa de duración indefinida, la deuda está alcanzando un punto en el que los prestamistas comienzan a mostrarse nerviosos. Normalmente, los propietarios de capital pueden vivir bastante a gusto —de hecho, muy a gusto— con la deuda pública. Cuando el Estado necesita pedir prestado, tarde o temprano recurre a quienes pueden prestar capital que, de otro modo, habrían tenido que pagar en concepto de impuestos. Si, en cambio, ahora se lo ceden al Estado, esto es solo de forma temporal; no solo sigue siendo de su propiedad privada, sino que el Estado lo custodia de forma segura en nombre de ellos y les paga un tipo de interés competitivo por ello; y cuando fallezcan, podrán legar tanto el capital como los intereses a sus hijos, asegurándose de que su riqueza permanezca no solo dentro de su clase social, sino también dentro de la familia.
¿A quién le preocuparía eso? Sin embargo, se ha alcanzado un punto crítico en el que el nivel de deuda es tan elevado que, según la valoración de los «mercados», el Estado corre el riesgo de perder su «solvencia», lo que significa que existen dudas sobre si aún puede hacer frente al pago de los intereses con los ingresos actuales —y que los propios intereses deben obtenerse mediante nuevos préstamos—. Como consecuencia, los tipos de interés de la nueva deuda aumentan debido al riesgo de insolvencia o de lo que se denomina «recorte», impuesto democráticamente por el segundo soberano: el electorado. Lo mismo ocurre cuando los tipos de interés suben por otras razones, como para frenar la inflación. Este punto ya se ha alcanzado, o está a punto de alcanzarse, en un número cada vez mayor de países —incluidos los EE. UU., donde la carga actual de intereses del Gobierno central es ahora superior a su astronómico presupuesto de defensa, que a su vez es el mayor de la historia del país, incluso durante la Segunda Guerra Mundial—.
Los Estados que corren el riesgo de perder su solvencia —según el inescrutable veredicto de los mercados— deben ahora persuadir a sus ciudadanos para que acepten una austeridad manifiesta en lugar de latente. Esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día en todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos, que, como poseedor de la moneda de reserva mundial, puede imprimir dólares a voluntad, al menos hasta el inevitable colapso. En la actualidad, los responsables políticos de los países grandes y pequeños del capitalismo aún democrático se enfrentan al dilema de cómo comunicar la noticia a sus poblaciones. En Alemania, esto se está desarrollando a través del denominado «debate sobre las reformas» —que incluye recortes en las pensiones, las bajas por enfermedad y las protecciones laborales—, llevado a cabo bajo la atenta mirada de los «mercados», mientras que, al mismo tiempo, se abre el grifo de la deuda para apaciguar a los aliados occidentales y a la industria armamentística —y tal vez como un último intento desesperado por frenar la desindustrialización—.
Dado que no tienen ninguna esperanza, en un futuro previsible, de controlar la crisis fiscal —que ya no avanza lentamente—, ni las crisis de infraestructuras y de bienestar que la acompañan —y especialmente ahora que se ha alcanzado el techo de deuda—, los partidos del centro tradicional han abandonado su enfoque habitual de difundir alegría y optimismo («Podemos hacerlo»). Esto no tiene tan buena acogida como la tenía en la época de Angela Merkel. Lo mismo ocurre con el habitual estribillo democrático de que, si uno no está satisfecho con las políticas del Gobierno, simplemente puede votar a otro partido en las próximas elecciones; el riesgo de que esto beneficie a la nueva oposición antisistémica parece demasiado grande. Esto allana el camino para la formación de un cártel de partidos en el que los principales partidos evitan el conflicto entre sí. En Alemania, este escenario resulta especialmente plausible: al fin y al cabo, la CDU y el SPD estuvieron en el Gobierno de forma casi ininterrumpida durante los largos años de «austeridad en la sombra», y en su mayor parte en coalición.
Unidos de este modo, se puede abrir un segundo frente de crisis. El problema ya no es simplemente el aumento de los alquileres y el coste de vida ruinoso, la reducción de los servicios públicos o el hecho de que sectores cada vez más amplios de la población dependan de los bancos de alimentos —el sector con la tasa de crecimiento más alta de Alemania—, sino el «populismo», la AfD y el neofascismo. Esto hace necesario que «nosotros, los demócratas», cerremos filas una vez más. En lugar de luchar contra el creciente poder de los mercados sobre las personas, se nos insta a luchar contra la derecha, a defender hasta el final «nuestra democracia» —en nombre de la cual se nos pide que, por favor, dejemos de lado nuestras mezquinas disputas sobre a quién debe afectar primero la austeridad manifiesta exigida por los mercados de capitales subvencionados y a quién debe dejarse para más adelante.
A primera vista —desde la perspectiva de la clase política gobernante—, esto sin duda resulta atractivo. Las manifestaciones de todas las personas sensatas contra la AfD son preferibles a las manifestaciones contra el aumento del coste de la vida; los «cortafuegos» cuestan mucho menos que aislar las paredes de los pisos antiguos; los informes de la Oficina para la Protección de la Constitución son mucho más baratos que las guarderías y los colegios en los que se pueda acoger y educar a todos los niños juntos. Además, jugar con la idea —en nombre de la «democracia militante»— de que el Tribunal Constitucional prohíba un partido al que apoya al menos un tercio del electorado garantiza que haya algo emocionante que contar en los informativos de la noche sobre las labores cotidianas de quienes dirigen el Estado.
Pero esto no funcionará, ni ahora ni a largo plazo. La «lucha contra la derecha» ni siquiera resuelve el problema de la AfD. Ni las manifestaciones masivas, ni los boicots a las convenciones del partido, ni los cortafuegos, ni las evaluaciones de la Oficina para la Protección de la Constitución («confirmado como de extrema derecha»), ni la amenaza de una prohibición del partido han servido para frenar el ascenso de la AfD al primer puesto en las últimas encuestas de opinión —ni su victoria en las recientes elecciones de Sajonia-Anhalt—, porque no hacen nada para resolver los verdaderos problemas que la clase política quisiera ocultar tras el problema de la AfD. Aunque se prohibiera el partido, los trenes seguirían sin circular según el horario previsto, el número de muertes por calor no disminuiría, las ciudades no serían más habitables, los alquileres no bajarían y las pensiones y los puestos de trabajo no serían más seguros. Lo mismo ocurriría, por cierto, si la AfD entrara en el Gobierno en lugar de acabar en la cárcel, ya sea política o físicamente. Sin embargo, la sabiduría política imperante teme dar a la AfD la oportunidad de fracasar ante la policrisis, tal y como han hecho todos los demás.
Los «demócratas» harían bien en recordar algo que Einstein muy probablemente nunca dijo, aunque debería haberlo hecho: «La locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes». La AfD no perderá fuerza con la próxima manifestación ni con la próxima muestra de información televisiva partidista; más bien al contrario. Mientras las fuerzas del Estado y de la democracia se agoten en el campo de batalla secundario de la «democracia frente al populismo» —en un intento por desviar la atención de las crisis que ellas mismas han provocado—, la AfD lo tendrá muy fácil. Esto también se aplica a la última versión de la «democracia militante»: complementar al enemigo interno con uno externo (ruso), al tiempo que se confunden ambos en la medida de lo posible mediante teorías de la conspiración. Sin embargo, la transformación de un Estado del bienestar en un Estado de guarnición —inspirada en la Zeitenwende y que tilda a la AfD de «quinta columna del Kremlin»— plantea la cuestión de cómo un Gobierno agobiado por la deuda pretende financiar el consiguiente aumento del gasto en defensa hasta, al menos, el 5 % del PIB. ¿Recurrirá a una austeridad aún mayor —o incluso a más deuda— a riesgo de un distanciamiento definitivo con la población local o con los mercados financieros mundiales, o con ambos a la vez?
¿Qué deberían hacer quienes se sitúan del lado de la «democracia»? Un primer paso sería admitir que, tras todos estos años de «capitalismo de bombeo crediticio», como lo denominó Ralf Dahrendorf, ya no puede existir una fórmula mágica; y un segundo paso sería dejar de hacer promesas que todo el mundo sabe que son vacías: que vamos a «reactivar la economía», como si se tratara de un motor de Volkswagen de los años sesenta que se ha calado; que podemos equilibrar el presupuesto y, al mismo tiempo, destinar el 5 % del producto nacional bruto —obtenido mediante préstamos, nada menos— a armamento; o que el sistema educativo alcanzará los niveles escandinavos mientras los alumnos actuales sigan en la escuela, si seguimos «haciendo recortes» y «trabajando más duro».
Por encima de todo, hay que plantear preguntas —especialmente desde la izquierda— ante un público al que, contrariamente a los consejos de los «expertos» en relaciones públicas, debemos seguir considerando capaz de razonar si queremos que la democracia siga existiendo. ¿Cómo conseguimos que el capital corra con los gastos que impone a la sociedad y a la naturaleza? ¿Cómo evitamos la elusión y la evasión fiscales? ¿Cómo protegemos a las empresas que ofrecen empleo de calidad a la población de nuestro país frente a un sistema comercial global que no muestra ningún respeto por los trabajadores? ¿Cómo podemos frenar el descenso de nuestra población, tanto mediante la inmigración como a través de mejores políticas familiares? ¿Cómo liberamos a nuestras administraciones locales de la carga de su deuda, para que puedan prestar los servicios públicos indispensables para una vida digna para todos en una sociedad en transición como la nuestra? ¿Y cómo debe reestructurarse «nuestra democracia» para que sea una democracia para todos y ofrezca a sus ciudadanos la oportunidad de tomar las riendas de sus propias vidas, en lugar de tener que suplicar ayuda a un Estado cuyas arcas están vacías y seguirán estándolo durante mucho tiempo? Se acabó el tiempo de los juegos; la situación es grave y existe una necesidad urgente de madurar."
(Wolfgang Streeck, SIDECAR, 12/09/26, traducción Salvador L. Arnal)
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